Casi un año después del gran apagón que dejó sin luz a toda la península ibérica, el Gobierno ha dejado claro que no va a quedarse al margen de las decisiones sancionadoras. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, compareció esta semana en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas anuales del regulador y, de paso, aclarar algo que hasta ahora no estaba del todo claro: que el Ministerio de Transición Ecológica, liderado por Sara Aagesen, también tiene competencia para imponer las multas definitivas derivadas de los expedientes sancionadores abiertos tras el apagón.
La semana pasada, la CNMC abrió 20 expedientes sancionadores contra seis empresas del sector energético: Redeia (la matriz de Red Eléctrica), Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y Bahia Bizcaia, este último controlado por EVE, una entidad del Gobierno vasco. El expediente contra Redeia es el más grave de todos: está calificado como infracción muy grave. Los cinco expedientes abiertos a Endesa, Iberdrola y Naturgy, respectivamente, se califican como infracciones graves. Según Fernández, el apagón fue consecuencia de una cadena de eventos que "desequilibraron progresivamente el sistema" hasta provocar un cero eléctrico por sobretensión. Un origen, insistió, "multifactorial".
Quién decide la multa final
Ahora empieza la fase de instrucción administrativa. Las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y proponer pruebas. Esa instrucción corresponde a la dirección de energía de la CNMC. Pero la resolución final no tiene por qué venir del regulador: dependiendo del tipo de expediente y las normas supuestamente infringidas, el consejo de la CNMC o el propio Ministerio de Transición Ecológica podrán ser quienes dicten la sanción definitiva.
Fuentes jurídicas consultadas aclaran que, en este momento, la potestad sancionadora del Gobierno afectaría principalmente a Redeia. Sin embargo, si los expedientes contra el resto de empresas se amplían en el futuro, también podrían quedar bajo la jurisdicción ministerial. Esto convierte al Ejecutivo en árbitro de facto de una decisión con consecuencias económicas y reputacionales enormes para las principales eléctricas del país, que tendrán que convivir durante los próximos meses con esa incertidumbre.
La situación no es baladí. Que sea el Ministerio, y no un regulador independiente, quien tenga la última palabra sobre las multas a empresas del sector energético genera un debate sobre la separación entre regulación y poder político. Las empresas afectadas no están en una posición cómoda: enfrentan un proceso largo, con la espada de Damocles de una sanción que podría ser más o menos severa según quien la resuelva.
Iberdrola lleva a Redeia a los tribunales
Paralelo al proceso administrativo, hay un frente judicial abierto. El juzgado número 15 de lo Mercantil de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Iberdrola contra Redeia por presuntos actos de competencia desleal vinculados al apagón. Es decir, que mientras el regulador y el Ministerio instruyen los expedientes, los propios actores del sector se enfrentan entre ellos en los tribunales. Una batalla dentro de la batalla.
Este movimiento de Iberdrola es relevante: si la eléctrica considera que Redeia actuó de forma desleal, está trasladando parte de la responsabilidad al operador del sistema, algo que encaja con el hecho de que el expediente más grave de la CNMC sea precisamente el de la filial de Redeia. La resolución judicial podría tener consecuencias adicionales, más allá de las puramente administrativas.
La CNMC pide independencia en su renovación
Cani Fernández, cuyo mandato de seis años concluye el próximo 16 de junio, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje político en lo que ella misma describió como su "última comparecencia anual" ante el Congreso. Pidió expresamente que la renovación de los cargos de la CNMC se haga respetando la independencia del organismo, denunciando que el consejo del regulador ha sufrido en numerosas ocasiones una "injerencia política" excesiva.
El momento elegido no es casual. Con los expedientes del apagón sobre la mesa y el Gobierno reservándose poderes sancionadores, la petición de Fernández suena a advertencia: la credibilidad del sistema regulatorio depende de que quien tome las decisiones no esté condicionado por intereses políticos. La CNMC es el organismo independiente encargado de garantizar la competencia y supervisar mercados clave como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, y su autonomía respecto al Ejecutivo es un principio básico de su diseño institucional.
El apagón del 28 de abril de 2024 dejó una factura que todavía no se ha cerrado. Los expedientes abiertos, el proceso judicial entre eléctricas y el debate sobre quién tiene la última palabra en las sanciones dibujan un escenario que se prolongará, como mínimo, durante gran parte de 2025. Las empresas afectadas, el regulador y el Gobierno tienen por delante meses de tensión en los que se decidirá cómo se reparte la responsabilidad de uno de los mayores fallos del sistema eléctrico español en décadas.