El Gobierno español aprobará en julio un conjunto de medidas en forma de real decreto dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda, buscando un amplio consenso político en el Congreso de los Diputados. Entre las propuestas clave está la elevación del IVA aplicado a los pisos turísticos del 10% al 21%, así como la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler para garantizar mayor estabilidad.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló que este real decreto recogerá un enfoque transversal y ambicioso para abordar los múltiples frentes que dificultan el acceso habitacional, incluyendo el precio de los alquileres, la precariedad de los contratos y el fraude inmobiliario.

Este texto normativo se estructura en dos grandes bloques. El primero se centra en reducir los precios del alquiler y aportar estabilidad a los arrendatarios mediante regulaciones específicas, como la obligatoriedad de contratos escritos, bonificaciones fiscales para quienes reduzcan los precios y reglas para regular los alquileres de temporada y de habitaciones. Cabe destacar que el Gobierno pretende así dar respuesta a la creciente preocupación social por los costes desorbitados y la inseguridad jurídica en este sector.

El segundo bloque contiene medidas destinadas a activar el parque de vivienda asequible, entre las cuales sobresale el aumento del IVA para los apartamentos turísticos, medida que pretende frenar la conversión masiva de viviendas en alojamientos turísticos, lo que reduce la oferta residencial para el mercado local. Además, se incorporan iniciativas para agilizar los trámites administrativos y facilitar la movilización de viviendas disponibles.

Desde el Ejecutivo insisten en que la solución al problema de la vivienda requiere un gran pacto que reúna a todas las fuerzas políticas. En este sentido, se ha iniciado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para encontrar un acuerdo legislativo que permita la aprobación del texto durante la próxima legislatura. Elma Saiz subrayó la voluntad de su equipo para que este acuerdo sea inclusivo y duradero, aunque lamentó la falta de compromiso del PP, partido que decidió apartarse del debate.

En el ámbito de alianzas dentro de la coalición de gobierno, la formación Sumar ha tomado un rol activo para volver a presentar la prórroga de alquileres en el Congreso y confía en lograr la aprobación contando con el apoyo de Junts, que en la anterior votación en abril rechazó la medida. Según Ernest Urtasun, ministro de Cultura y representante de Sumar, existe margen para negociar con Junts, especialmente sobre cuestiones fiscales como bonificaciones a propietarios y la cuestión del IVA reducido, demandas que Junts ha puesto sobre la mesa para apoyar el decreto.

De hecho, tras la negativa inicial de Junts, su portavoz Miriam Nogueras manifestó disposición a negociar si se presentan condiciones claras y consensuadas. Desde Sumar reconocen que están dispuestos a abrir diálogo para lograr un acuerdo amplio que garantice estabilidad y beneficie a los ciudadanos en materia de vivienda.

La propuesta del Gobierno se enmarca en un contexto de alta sensibilidad social por el acceso a la vivienda, donde los altos precios de los alquileres y la proliferación de pisos turísticos limitan la disponibilidad para los residentes. Desde diferentes sectores, incluida la oposición y organismos sociales, se reclama una intervención decidida y medidas que combinen regulación, incentivos fiscales y mejora en la oferta pública y privada de viviendas.

El avance de este paquete normativo, con sus dos bloques complementarios, representa un intento del Ejecutivo de fortalecer la red de protección para arrendatarios y calmar la escalada de precios, al tiempo que intenta recuperar el control sobre una oferta inmobiliaria que considera poco accesible para la mayoría.

El Gobierno confía en que este real decreto, tras el diálogo parlamentario que se prolongará durante julio, pueda ser la base de un gran acuerdo que aborde de forma integral el problema habitacional y asiente las bases para políticas de vivienda más justas y sostenibles.

Para seguir el debate y las actualizaciones sobre esta iniciativa, puede consultarse la información en la web del Gobierno y en el Congreso de los Diputados.