El Gobierno español ha decidido prolongar la supervisión estricta sobre los precios y costes de los carburantes que aplican las principales petroleras con capacidad de refino y estaciones de servicio en España. Esta medida afecta a los grupos Repsol, Moeve —ex Cepsa— y BP. La obligación de reportar semanalmente esta información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se mantendrá hasta finales de 2026.
Esta decisión fue comunicada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una reunión con los representantes del sector, encuentro en el que también participó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. El Ejecutivo busca con esta medida seguir controlando posibles prácticas que puedan afectar negativamente a los consumidores y garantizar la transparencia en un sector clave para la economía.
La obligación nació con un real decreto ley aprobado en marzo de 2026, con medidas dirigidas a mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en la cadena del suministro y los precios del combustible. Entre las iniciativas del decreto estaba la reducción fiscal sobre los carburantes y el establecimiento de informes semanales obligatorios para las compañías con gasolineras. Inicialmente, esta normativa tenía vigencia hasta junio, pero ante la necesidad de mantener vigilancia, el Consejo de Ministros acordará prorrogarla hasta diciembre del mismo año, focalizándose en las grandes petroleras con capacidad de refino y gasolineras.
Desde la implementación de esta regulación, el sector ha mostrado señales mixtas. Algunas estaciones de servicio de bajo coste han denunciado a los grandes operadores por presuntas maniobras de ajuste de precios con el fin de expulsarlas del mercado. Aunque la CNMC ha destacado en su informe que no existen manipulaciones ni anomalías generalizadas en la fijación de precios a nivel nacional, identificó incumplimientos puntuales en 86 gasolineras de más de 12.000 en territorio español.
Además, este mismo año, Repsol fue sancionada con una multa superior a 20 millones de euros por prácticas de 'dumping', acusada de vender combustible a precios artificialmente bajos para dificultar la competencia de gasolineras de bajo coste. Este caso reforzó la necesidad de mantener un seguimiento riguroso sobre las operaciones y márgenes del sector.
La prolongación de estas medidas refleja la prioridad del Gobierno por asegurar la estabilidad del mercado de combustibles y proteger a los consumidores en un contexto internacional todavía afectado por la volatilidad en los precios del petróleo. Además, mantiene un canal claro de información entre las petroleras y el regulador, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier irregularidad.
Este mecanismo de vigilancia se suma a otras iniciativas destinadas a controlar el mercado energético, reforzando la transparencia y la competencia, factores clave para la recuperación económica post crisis y para afrontar futuros desafíos en materia energética.
Para más detalles sobre la regulación y sus implicaciones, se puede consultar el real decreto ley en el Boletín Oficial del Estado y los informes periódicos de la CNMC. También resulta relevante el análisis sobre la multa a Repsol disponible en EXPANSIÓN.
En definitiva, la extensión del control a los principales operadores petroleros es una respuesta del Gobierno para mantener bajo vigilancia un sector clave, en un momento marcado por la incertidumbre energética y la necesidad de garantizar la competencia justo y transparente.