El Gobierno de España ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a Ceuta para atender a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que estos fondos se habilitan a través del Ministerio de Hacienda y se transfieren al Ministerio de Juventud e Infancia, responsable de gestionar la ayuda directa a estos menores.
Esta cantidad se suma a los 5,5 millones de euros distribuidos en julio durante la conferencia sectorial de infancia, lo que refleja el compromiso del Ejecutivo con la situación excepcional que está atravesando Ceuta. Saiz subrayó la importancia de la cooperación de todas las comunidades autónomas para prestar atención a estos jóvenes, haciendo un llamamiento directo a las regiones, incluidas las gobernadas por el PP, para que colaboren en la acogida y asistencia.
El Gobierno de Ceuta estima que aproximadamente un millar de menores extranjeros no acompañados están bajo su protección tras la entrada masiva de migrantes, un flujo migratorio que ha sobrepasado los recursos disponibles. Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo local, calificó la situación como "muy complicada" y alertó de que tanto los recursos para menores como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) están completamente desbordados, lo que genera una crisis humanitaria en la ciudad autónoma.
Ramírez informó que la ciudad ha comenzado a acondicionar nuevas instalaciones para ampliar la capacidad de acogida, sumando cuatro naves destinadas a estos fines. También detalló que los menores que permanecen en la vía pública son localizados por la Policía Local, que inicia los procedimientos de identificación y evaluación de edad antes de su integración al sistema de protección infantil. Sin embargo, el número de menores tutelados podría incrementarse a medida que se siga localizando a jóvenes dispersos por Ceuta.
Respecto a la transferencia de los 25 millones, el portavoz municipal consideró que, aunque cualquier ayuda financiera es bienvenida, es difícil anticipar si será suficiente para hacer frente a la crisis sanitaria y social generada por estos desplazamientos masivos.
Además, la ministra Saiz rechazó que el Gobierno tuviera conocimiento previo de la magnitud de los recientes movimientos migratorios a través de alertas de Marruecos, aunque apuntó que existía información sobre un aumento habitual en esta época del año. Reconoció también la colaboración del país vecino para gestionar la crisis y destacó que la respuesta española ha estado centrada en los derechos humanos, una actuación que ha sido valorada positivamente por la Comisión Europea.
Por otro lado, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, informó que han sido retornadas a Marruecos 1.063 personas tras un episodio de presión migratoria con más de 1.300 intentos irregulares en pocos días. Actualmente, permanecen 260 migrantes en Melilla, entre ellos unos 140 menores, según los datos ofrecidos durante una rueda de prensa conjunta con responsables de seguridad y emergencia.
Moh resaltó que la actuación coordinada entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios ha sido clave para controlar la situación. Además, describió el refuerzo de medios de seguridad en la ciudad, incluyendo unidades especializadas y tecnología para mejorar la vigilancia fronteriza.
La delegada recordó que Melilla mantiene la situación de contingencia migratoria y que el Gobierno está aplicando con rapidez el artículo 35 de la Ley de Extranjería para redistribuir a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, cumpliendo con los plazos legales y las garantías.
Actualmente, las autoridades trabajan en actualizar las medidas de control y contención en el perímetro fronterizo, ajustándose a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar vulnerabilidades detectadas durante los últimos episodios migratorios.
Esta crisis migratoria sin precedentes ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones españolas, que intentan equilibrar seguridad, atención humanitaria y coordinación territorial. La asignación de fondos extraordinarios para Ceuta busca paliar la presión sobre una ciudad autónoma con recursos limitados y una situación social compleja.