El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que el Consejo de Ministros del próximo 29 de junio aprobará un nuevo decreto ley con medidas fiscales y económicas para contener los efectos negativos causados por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Estas ayudas buscan proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía en general.

Sánchez ha señalado que el Ejecutivo mantiene diálogo continuo con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para asegurar la aprobación de este paquete de medidas, esperando contar esta vez con el apoyo del Partido Popular. La aprobación formal del decreto se espera tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su posterior debate en el Congreso, donde tiene un plazo de treinta días para su convalidación o derogación.

Este nuevo decreto se sumará a las acciones iniciadas con las medidas impulsadas en marzo, las cuales movilizaron fondos por valor de 5.000 millones de euros para hacer frente a la inflación energética y salvaguardar el empleo y la actividad económica. De hecho, el propio Sánchez ha destacado que estas políticas han logrado contener la inflación, facilitar el crecimiento económico y respaldar sectores clave, como la agricultura y la industria electrointensiva.

En concreto, permitió a los agricultores acceder a 500 millones de euros para la compra de fertilizantes, lo que fue crucial para garantizar la campaña de cosechas, y redujo en un 14% la factura eléctrica en industrias con alto consumo energético. Sin embargo, algunas medidas temporales, como la reducción del IVA en la electricidad y el gas del 21% al 10%, han finalizado recientemente, regresando al tipo general a partir del 1 de julio tras observar una tendencia a la estabilización de los precios energéticos.

No obstante, el IVA reducido al 10% sobre los carburantes y las ayudas para agricultores, transportistas y consumidores vulnerables se mantienen vigentes debido a que la inflación en esos sectores sigue siendo elevada. Por ejemplo, en abril el precio de los combustibles líquidos marcó un aumento del 51,7%, y el gasóleo subió un 28,2%, muy por encima del umbral del 15% fijado para la desactivación de estas ayudas.

Para definir el alcance definitivo de las nuevas medidas, el Gobierno está valorando el impacto real de las ayudas implementadas y la evolución del conflicto en Oriente Medio, que podría condicionar la extensión o modificación de estos apoyos. En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha pedido cautela y espera la evolución de las negociaciones internacionales antes de decidir sobre la continuidad o ampliación de las actuales subvenciones, apuntando además al riesgo que supone un aumento significativo de la deuda pública.

La incertidumbre política y económica derivada del conflicto internacional obliga al Ejecutivo a adoptar un enfoque flexible y proporcional en su respuesta, atendiendo tanto a la sostenibilidad financiera del país como a la urgencia de proteger a quienes más sufren la inflación y la inestabilidad del mercado energético. El 29 de junio será, por tanto, una fecha clave para conocer cómo afrontará España esta nueva fase de la crisis.

Para consultar más detalles sobre las medidas anticrisis, puede revisarse la información oficial publicada en el Ministerio de Hacienda y el seguimiento del pleno del Congreso donde Sánchez comunicó estas novedades.