ExxonMobil ha decidido apostar miles de millones de dólares en la captura y almacenamiento de carbono (CCS), construyendo la mayor red de transporte y almacenamiento de CO2 del mundo en la costa del Golfo de Estados Unidos. El proyecto incluye un sistema de oleoductos de 900 millas que conectará clientes industriales en Texas, Luisiana y Mississippi con formaciones rocosas adecuadas para almacenar CO2 bajo tierra.

Dominic Genetti, vicepresidente sénior de CCS en Exxon, detalló que la inversión anual en perforación y conexión de clientes suma cientos de millones, con una red valorada en más de 5.000 millones de dólares. Además, Exxon explora oportunidades similares en otros países, como Canadá, Taiwán y Singapur, reflejando la creciente apuesta del sector energético en tecnologías de descarbonización.

El auge de la CCS responde a la presión creciente sobre las empresas para reducir sus emisiones. La tecnología se perfila como un componente clave para cumplir objetivos climáticos y evitar la penalización de productos con alto coeficiente de carbono, como establece el mecanismo de ajuste en frontera de la Unión Europea. La inversión global en CCS ha aumentado significativamente, alcanzando 6.600 millones en 2025, con un incremento notable de plantas en operación y construcción según datos recientes.

Sin embargo, el plan de Exxon enfrenta una fuerte oposición en Luisiana, epicentro de esta tecnología en EE.UU. El rechazo público y político se basa en preocupaciones sobre seguridad, impacto ambiental, derechos de propiedad y el riesgo de que la CCS permita a la industria fósil mantener su actividad. John Fleming, tesorero estatal y candidato al Senado, describe la CCS como una tecnología experimental subsidiada con fondos públicos y advierte contra convertir Luisiana en un "vertedero tóxico".

Esta resistencia ha provocado una moratoria temporal sobre nuevas solicitudes de permisos para pozos de inyección de CO2, afectando a Exxon y otras grandes firmas como Shell. Aunque el estado cuenta con formaciones geológicas óptimas para almacenar carbono, la polémica está ralentizando el despliegue. Activistas también denuncian riesgos de fugas y contaminación, recordando incidentes pasados como la fuga de CO2 en Mississippi en 2020, que causó hospitalizaciones.

Empresas como CF Industries están apostando por CCS para descarbonizar plantas industriales, invirtiendo miles de millones en construir instalaciones que permitan producir amoníaco con bajas emisiones y exportarlo a mercados internacionales. Esta demanda industrial, sobre todo de sectores con altos consumos energéticos que buscan cumplir objetivos climáticos, impulsa el crecimiento del mercado del CCS.

Exxon defiende que sus gasoductos de CO2 son seguros y cuentan con una tasa de incidentes menor que otras infraestructuras similares. Desde su centro en Houston, la compañía supervisa la red 24/7 para garantizar su funcionamiento. No obstante, la falta de aprobación regulatoria completa en Texas para la inyección subterránea del CO2 añade incertidumbre a la ejecución completa del proyecto.

La controversia política, junto con la falta de conocimiento entre la población local sobre la CCS, genera tensiones que podrían llevar a Exxon a redirigir inversiones. Sin embargo, la empresa confía en que una mejor información pública y una mayor regulación clara permitirán que estos proyectos avancen y contribuyan a la economía local y a la reducción de emisiones.

Este caso ejemplifica el desafío que supone para las petroleras tradicionales adaptar sus modelos hacia la transición energética, equilibrando inversiones en innovación con la aceptación social y política, en un contexto en el que la descarbonización es una exigencia global y un negocio potencialmente rentable.

Para profundizar en la inversión global en CCS, puede consultarse el análisis de BloombergNEF y la evolución de la regulación climática en la Unión Europea. Más información sobre el debate político y social en Luisiana está disponible en Financial Times.