El reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para controlar el Estrecho de Ormuz promete aliviar las tensiones en el mercado energético internacional. Sin embargo, España se enfrenta a un incremento del índice de precios al consumo (IPC) cercano a un punto porcentual, impulsado en buena parte por la retirada de las medidas fiscales excepcionales adoptadas durante la guerra.

Según el analista de Afi, Raúl Viñas, el pacto entre Washington y Teherán otorga mayor influencia a Irán sobre esta vía estratégica del transporte de crudo, lo que significa que la normalización del tráfico marítimo será lenta y con costes mayores, como el incremento en las primas de seguros para los cargamentos. No obstante, una reapertura parcial del Estrecho permitiría moderar los precios del combustible y reducir la presión sobre sectores intensivos en energía como la electricidad, el transporte y la logística.

Desde Funcas, la institución pública de análisis económico, se señala que el impacto del acuerdo de paz será positivo pero limitado, concentrado en las áreas energéticas y en las expectativas de mercado. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, destaca que el fin de las ayudas y bonificaciones en el IVA y los impuestos especiales a los hidrocarburos, programado para el próximo 1 de julio salvo prórroga, implicará un aumento significativo en el IPC. Se esperan 8 décimas adicionales solo durante ese mes.

Además, Torres explica que durante el conflicto bélico, muchas empresas absorbieron costes extraordinarios que aún no han repercutido totalmente en los precios finales al consumidor. Esa acumulación de costes pendientes mantendrá cierta presión inflacionista en los próximos meses y se traducirá en una reducción del poder adquisitivo para las familias a corto plazo.

El efecto total del conflicto y de la posterior normalización económica sobre el Producto Interior Bruto (PIB) dependerá en gran medida de la respuesta del consumo interno. Actualmente, Funcas estima un impacto negativo sobre el crecimiento económico de entre dos y tres décimas para el año en curso.

En este contexto, el vicepresidente económico del Gobierno, Carlos Cuerpo, insiste en mantener diálogo abierto con los agentes sociales para implementar medidas que mitiguen el impacto inflacionario durante el verano. Tras las reuniones con los responsables del sector energético, incluyendo a Enagás y Exolum, así como asociaciones como AICE y SEDIGAS, el Gobierno continuará consultando al sector agroalimentario e industrial para explorar nuevas soluciones.

Estos esfuerzos buscan contener el aumento de precios en un momento en el que la estabilidad económica global permanece frágil y la inflación sigue siendo un desafío para España. A pesar de la mejora en la seguridad del paso por Ormuz, la economía española tendrá que gestionar la transición hacia un escenario más complejo, donde la eliminación progresiva de las ayudas y las altas primas energéticas marcarán el comportamiento del mercado.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, reportado por expertos internacionales y medios especializados, tiene el potencial de reequilibrar las tensiones geopolíticas y energéticas, pero sus beneficios se materializarán de forma gradual y estarán condicionados por factores externos como la evolución del conflicto en Oriente Medio y las políticas fiscales nacionales. Mientras tanto, los consumidores españoles deberán afrontar un coste de vida más elevado, al menos en el corto plazo, conforme se ajustan los precios internos a la nueva realidad internacional.

Para conocer más sobre el impacto económico de los acuerdos internacionales, se puede consultar el análisis de Funcas sobre la coyuntura actual y las declaraciones oficiales del Ministerio de Economía, que detallan las medidas vigentes y las perspectivas futuras.

Este escenario exige prudencia y acción coordinada entre el sector público y privado para garantizar que la economía española supere este periodo de transición sin perder impulso en su recuperación postpandemia.