El empresario Julio Martínez, vinculado a la polémica por el rescate público a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para mostrar su disposición a colaborar con la justicia en la investigación del caso.

Martínez señala directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como la figura que "marcaba los pasos a seguir" en la gestión del rescate concedido por el Ejecutivo, y admite haber cobrado aproximadamente un 1% de comisión por su labor como intermediario en la financiación obtenida por Plus Ultra.

Según el escrito presentado por Martínez, Zapatero actuaba en calidad de consultor y aconsejaba a directivos de la aerolínea enviar comunicaciones específicas, por ejemplo una carta al vicepresidente del Banco Santander para facilitar el acceso a un crédito ICO. También se intentó obtener financiación en la entidad La Caixa sin éxito.

El empresario detalla que su función principal era acompañar al cliente en el proceso para lograr la financiación, estando Zapatero informado de cada paso y recientemente notificando que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgaría finalmente el crédito solicitado.

Respecto a los honorarios recibidos, Martínez afirma que, dadas las críticas públicas sobre la financiación concedida en su momento, el pago se pospuso y se acordó realizarlo de forma diferida hasta 2026, facturando parte de esos ingresos a través de otras compañías relacionadas con él.

Este contexto se enmarca en la investigación abierta por posibles irregularidades relacionadas con los 53 millones de euros que el Gobierno destinó a Plus Ultra durante la crisis sanitaria. El juez ha imputado a Zapatero por presunto tráfico de influencias, señalándole como posible líder de una red que habría obtenido beneficios económicos por mediar en la concesión del rescate.

Además, la causa incorpora otras acusaciones, como presuntos delitos fiscales y de contrabando derivados del hallazgo de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en el despacho del expresidente, según informa la Policía Nacional.

El juez Calama describe a Martínez como interlocutor habitual de la red y ejecutor directo de instrucciones de Zapatero, gestionando un entramado empresarial para canalizar pagos. Según el magistrado, la empresa Análisis Relevante, propiedad de Martínez, abonó casi 500.000 euros a Zapatero y más de 200.000 a la sociedad de sus hijas por tareas aparentemente ficticias relacionadas con la obtención del rescate.

Aunque Zapatero admitió haber recibido estos pagos por trabajos de consultoría, negó que Martínez fuera su testaferro o asistente. Defendió que los cargos a la sociedad de sus hijas correspondían a servicios de marketing reales y justificó que la relación profesional con Martínez se inició en 2020, sin contrato formal pero con una remuneración anual de 90.000 euros.

El juez también investiga la posible creación de una empresa offshore en Dubái vinculada al expresidente, que Zapatero ha desmentido haber promovido o discutido.

Este caso sigue generando expectación por la implicación de un exmandatario y la presunta utilización de influencias para obtener ayudas públicas en condiciones opacas. La colaboración de Martínez con la justicia podría aclarar detalles clave del entramado investigado.