El Gobierno de la provincia canadiense de British Columbia ha decidido rescindir el contrato adjudicado a un consorcio liderado por la española FCC para la construcción y explotación de unos túneles bajo el río Fraser. Este proyecto tenía un presupuesto de inversión estimado en 4.200 millones de dólares canadienses, equivalentes a unos 2.600 millones de euros, e incluía la participación de compañías como Bouygues, Pomerleau, Arcadis y Boskalis.
La decisión, comunicada oficialmente por las autoridades regionales, responde a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones comerciales para finalizar el túnel. Por ello, la administración canadiense ejercerá la cláusula de rescisión contemplada en el contrato original para relanzar el proyecto mediante un nuevo proceso de licitación, esta vez sin considerar peajes, y con un enfoque que favorezca la competencia y la inclusión de más empresas locales.
El proyecto de los túneles bajo el río Fraser es una infraestructura clave para mejorar el enlace entre Vancouver y Richmond, una zona con alta congestión de tráfico. El diseño prevé ocho carriles que no solo facilitarán el tráfico de vehículos particulares, sino que potenciarán el transporte público y ofrecerán mejores condiciones para ciclistas y peatones. Estas obras están llamadas a aliviar la congestión, mejorar la accesibilidad a la autopista 99 y contribuir a un desarrollo urbano más sostenible.
El contrato, adjudicado en 2024 tras un proceso competitivo iniciado en 2023, había sido ganado por el consorcio Cross Fraser Partnership, donde FCC es uno de los socios principales. La licitación superó a agrupaciones lideradas por gigantes del sector como ACS y Acciona, así como a un bloque de firmas que incluía a Aecon, Strukton y Aecom. La adjudicación fue inicialmente vista como una importante victoria para FCC, empresa que había reforzado su presencia en Canadá, plataforma estratégica para su expansión internacional.
Cabe destacar que, antes de la rescisión, el consorcio ya había comenzado trabajos preliminares en 2026, que involucraron la preparación del terreno, tala de árboles, reubicación de servicios públicos, y la construcción de infraestructuras temporales como embarcaderos y caminos de acceso, así como muros de contención. Estas labores generaron aproximadamente 200 empleos en la fase inicial y deberán ser compensadas económicamente tras la cancelación del contrato.
El ministro de Transportes de British Columbia, Mike Farnworth, ha explicado que la cláusula de rescisión estaba contemplada desde la planificación para permitir resolver situaciones en las que no se alcanzase un acuerdo final satisfactorio. Farnworth destacó que la nueva estrategia buscará fortalecer la competencia en el mercado local, dando mayor protagonismo a contratistas canadienses, y ejecutará el proyecto con responsabilidad fiscal para proteger los recursos públicos.
Esta situación refleja los retos que enfrentan grandes infraestructuras en multinacionalización y colaboración público-privada, donde las condiciones contractuales y los cambios en las políticas públicas o las condiciones de mercado pueden derivar en cancelaciones o replanteamientos. La decisión también subraya la relevancia que el Gobierno regional otorga a preservar el equilibrio económico y la participación local en proyectos que generan alto impacto social y económico.
En paralelo, la relicitación del proyecto ofrece nuevas oportunidades para las empresas canadienses y sus alianzas, buscando un modelo más eficiente y adaptado a las necesidades del mercado actual. La ausencia de peajes en la futura contratación también responde a la presión pública para garantizar accesos gratuitos y equitativos en infraestructuras críticas.
Para FCC, aunque la rescisión supone un revés importante, la experiencia acumulada en trabajos preliminares y la visibilidad obtenida en un mercado exigente como el canadiense pueden ser valiosas para futuros concursos. La empresa deberá gestionar la compensación correspondiente y evaluar su estrategia de participación en proyectos similares, adaptándose a las nuevas condiciones y exigencias regulatorias.
En el ámbito global, este caso evidencia cómo los grandes contratos públicos internacionales pueden verse afectados por factores contractuales y estrategias políticas, lo que implica un alto grado de incertidumbre para las empresas constructoras multinacionales. La transparencia y la flexibilidad serán claves para asegurar la viabilidad y continuidad de estos proyectos en el futuro.
Para ampliar información sobre el proyecto de British Columbia puede consultarse el comunicado oficial del gobierno regional y los informes sectoriales disponibles.
Más detalles y contexto sobre las infraestructuras urbanas en Canadá y la pujanza de la construcción pública pueden revisarse en publicaciones especializadas del sector y organismos oficiales.