La Comisión Europea ha reclamado a España un impulso más robusto en la industria de semiconductores tras el significativo recorte aplicado al proyecto estratégico PERTE Chip, que ha visto reducido su presupuesto en un 85%. Bruselas alerta de que España debe acelerar la asignación de fondos públicos para alcanzar las metas vinculadas a la soberanía tecnológica y la capacidad productiva en este sector clave.

El PERTE Chip, lanzado como plan público-privado para transformar la economía española con recursos europeos de recuperación, pasó de una dotación inicial de 12.250 millones de euros a solo 1.936 millones. Esta reducción responde, según apunta el informe de la Comisión Europea, a factores geopolíticos cambiantes, falta de inversión privada y demoras en la distribución de fondos. El recorte ha obligado a ajustar las ambiciones y ha llevado a abandonar la idea de construir una fábrica de chips en España, una pieza fundamental para la autonomía tecnológica aspirada.

Sin embargo, no todo está perdido en la apuesta española por los semiconductores. El documento de Bruselas reconoce avances en programas piloto y de I+D, además del papel activo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que está facilitando la consolidación de capacidades nacionales para esta industria. De los fondos asignados, 1.016 millones serán otorgados en forma de subvenciones mientras que 920 millones corresponden a préstamos blandos para siete proyectos clasificados como estratégicos.

Contexto europeo y digital

La ambición europea en la década digital incluye aumentar la producción comunitaria de semiconductores hasta al menos un 20% de la oferta global para 2030, un objetivo que actualmente está lejos de cumplirse, con Europa representando solo un 9% del mercado. La concentración de la fabricación sigue en Asia, principalmente en Taiwán y Corea del Sur, lo que genera riesgos ante eventuales crisis geopolíticas o logísticas.

Los chips son esenciales para el desarrollo e implantación de tecnología avanzada como la inteligencia artificial (IA), ya que procesan las complejas operaciones matemáticas que requieren los modelos de IA. Contar con una base propia de producción facilita además la reducción de vulnerabilidades tecnológicas externas y abre camino a una industria industrial más autónoma.

Para impulsar esta estrategia, Bruselas ha planteado la Ley de Chips 2.0, que busca movilizar inversiones públicas y privadas que complementen los más de 80.000 millones ya activados por la primera versión de esta legislación desde 2023.

España en la vanguardia digital

A pesar de las dificultades en el sector de los chips, España destaca en su avance hacia la década digital europea. La Comisión Europea señala que el país ha asumido 13 de los 14 objetivos nacionales asociados al plan europeo para 2030, con un progreso satisfactorio en un 85% de ellos.

España sobresale especialmente en redes de alta capacidad, cobertura 5G y despliegue de fibra óptica en hogares, elementos cruciales para garantizar un tejido tecnológico robusto. Sin embargo, la Comisión recomienda mejorar las formaciones digitales para trabajadores y pymes y potenciar el desarrollo de empresas unicornios que refuercen el ecosistema innovador nacional.

La reducción del PERTE Chip ha complicado los planes iniciales, pero Bruselas mantiene la puerta abierta a que España implemente medidas adicionales para cumplir con los objetivos europeos y conservar su posición en la transformación digital global.

En paralelo, la presidenta Ursula von der Leyen ha llamado a reforzar la colaboración con Estados Unidos en inteligencia artificial durante la cumbre del G7, destacando que la cooperación transatlántica es clave para mantener la competitividad y la seguridad de ambos bloques frente a retos tecnológicos. Esta alianza es considerada esencial para equilibrar el dominio de otros países en la fabricación y desarrollo de tecnología avanzada.

De cara al futuro, la industria europea de semiconductores y la capacidad de España por consolidarse en este ámbito seguirán siendo pieza fundamental para garantizar una mayor autonomía tecnológica y competir a nivel global.