La Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria para Juan Antonio Acedo, presidente de Urbas, y el resto de directivos de la constructora acusados por la Fiscalía Anticorrupción. El tribunal ha descartado los cargos de delito societario, estafa y administración desleal que se les imputaban en relación con una ampliación de capital no dineraria realizada en 2015, poniendo fin a más de una década de incertidumbre jurídica para la empresa.

El caso arranca en aquella operación de 2015 en la que Urbas amplió su capital aportando activos —bienes inmuebles y otros no monetarios— en lugar de dinero en efectivo. La Fiscalía Anticorrupción consideró que el valor asignado a esos activos era artificialmente inflado, lo que habría perjudicado a los accionistas y constituiría un fraude. Para Acedo y el expresidente de la compañía, Juan Antonio Ibáñez, el ministerio público llegó a solicitar siete años de prisión, pena que ya incluía la rebaja de un año por la aplicación de atenuantes. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 13 de marzo, tras las declaraciones de los acusados y los alegatos finales de las partes.

La valoración de los activos, en el centro del debate

El núcleo de la controversia era si los activos aportados en aquella ampliación de capital estaban correctamente tasados. La defensa de Urbas sostuvo en todo momento que sí, y la sentencia parece darles la razón. Según la propia compañía, cuatro tasadores independientes, seis auditorías y la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya habían respaldado esas valoraciones antes de que el caso llegara a juicio. El tribunal ha concluido ahora que la ampliación de capital se realizó conforme a la ley y que el valor declarado de los activos era correcto.

Desde Urbas también señalan que la sentencia reconoce que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, se extralimitó en sus funciones durante la investigación. Se trata de un reproche relevante, ya que el informe de la ONIF fue uno de los pilares sobre los que la Fiscalía construyó su acusación.

Una absolución en medio del concurso de acreedores

El fallo llega en un momento especialmente delicado para la constructora. Urbas se encuentra actualmente inmersa en un concurso de acreedores, proceso que refleja las graves dificultades financieras que atraviesa la empresa. En este contexto, la dirección de Urbas ha aprovechado la sentencia para lanzar un aviso a los administradores concursales designados, Auren-Kepler, con quienes mantiene un conflicto abierto.

La compañía exige que el juez mercantil y la administración concursal tengan en cuenta que la Audiencia Nacional ha validado el valor de los activos que, según la dirección, los administradores están cuestionando y minusvalorando en el marco del concurso. Es un argumento que Urbas espera utilizar para defender su posición ante sus acreedores y ante el juzgado mercantil que supervisa el proceso. La tensión con su anterior auditor, A Worldwide, es otro frente abierto que añade complejidad a una situación ya de por sí complicada.

Consecuencias y próximos pasos

La absolución tiene implicaciones más allá del ámbito penal. Para los directivos, supone librarse de penas de cárcel que podrían haber alcanzado los siete años. Para la empresa, elimina una sombra jurídica que pesaba sobre ella desde hace más de una década y que sin duda ha condicionado su capacidad para atraer inversores y financiación.

Urbas ha anunciado que adoptará medidas legales para compensar los daños que, a su juicio, han sufrido la compañía, sus directivos y sus accionistas como consecuencia del proceso judicial. No ha detallado qué tipo de acciones emprenderá, pero el anuncio apunta a posibles reclamaciones contra quienes impulsaron o contribuyeron a la acusación.

Lo que no cambia con la sentencia es la situación financiera de la empresa. El concurso de acreedores sigue su curso y la viabilidad de Urbas dependerá de lo que ocurra en el ámbito mercantil, no en el penal. La absolución puede mejorar la imagen de la compañía y reforzar la posición negociadora de su dirección, pero no resuelve por sí sola los problemas de deuda que la llevaron a esa situación. En las próximas semanas, la atención se desplazará al juzgado mercantil, donde se decidirá el futuro real de la constructora.