El Gobierno ha dado el paso definitivo para reducir la jornada laboral de los empleados de la Administración General del Estado (AGE). Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución del Ministerio de Función Pública que establece las 35 horas semanales como jornada estándar para unos 250.000 trabajadores de la administración central. La medida entra en vigor el día siguiente a su publicación, aunque las entidades afectadas disponen de un mes para ajustar sus calendarios y organización interna.
El acuerdo que da origen a esta resolución fue firmado el 27 de marzo entre el departamento que dirige Óscar López y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF. No es una negociación reciente: el compromiso con las 35 horas ya aparecía recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022 por CC OO y UGT. Sin embargo, el asunto quedó paralizado hasta noviembre, cuando se retomó en el marco de un acuerdo salarial más amplio al que también se sumó CSIF. La publicación en el BOE convierte ese compromiso político en norma aplicable.
Quién se beneficia y quién queda fuera
La resolución cubre a los trabajadores de la AGE, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y los organismos autónomos, agencias y entidades de derecho público vinculadas a la administración central. Sin embargo, el texto es explícito al excluir al personal militar de las Fuerzas Armadas y a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La norma también aclara que no es de aplicación a las entidades locales ni a otras administraciones, lo que zanja un debate que los sindicatos habían abierto sobre si ciertos ayuntamientos podrían acogerse a este acuerdo.
Colectivos que inicialmente quedaban fuera, como los empleados de prisiones o el personal de sanidad y educación de Ceuta y Melilla, han sido incluidos en el texto final. No obstante, su incorporación al nuevo esquema horario deberá negociarse de forma específica con cada área.
Para los empleados en régimen de especial dedicación, es decir, puestos con mayores responsabilidades y habitualmente mejor remunerados, la jornada pasa de 40 a 37 horas y media semanales, también una reducción significativa respecto a la situación anterior.
Cómo cambia el horario en la práctica
La resolución modifica los bloques horarios concretos respecto a la orden reguladora anterior, que databa de 2019. El horario fijo de mañana pasa de terminar a las 14:30 a hacerlo a las 14:00, lo que supone 25 horas semanales de presencia obligatoria en ese turno. El tiempo restante hasta completar las 35 horas se cubre con un margen flexible que puede ejercerse entre las 7:00 y las 9:00, entre las 14:00 y las 18:00 de lunes a jueves, y entre las 14:30 y las 15:30 los viernes.
El horario de jornada partida también se ajusta: el turno fijo de mañana y tarde transcurrirá de 9:00 a 16:30, frente a las 18:00 que marcaba la norma anterior. El turno de tarde se establece entre las 15:00 y las 20:00. La jornada intensiva de verano, vigente entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, se mantiene en seis horas y media diarias.
En materia de conciliación, la resolución amplía el derecho a flexibilizar en una hora el horario fijo. Además de los supuestos ya reconocidos, como tener a cargo hijos menores de 12 años, personas mayores o familiares con enfermedad grave, se añade ahora el cuidado de personas dependientes convivientes, sin que sea necesario acreditar ningún vínculo familiar.
El contexto: una reivindicación con historia
La jornada de 35 horas en las administraciones públicas españolas no es una novedad absoluta. Empezó a implantarse en los años noventa, pero fue suspendida de forma generalizada en 2012, durante la crisis económica, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy fijó las 37 horas y media como mínimo para todo el sector público. La prohibición se levantó en 2018, y desde entonces muchas administraciones autonómicas y municipales han ido recuperando las 35 horas por su cuenta.
Según los datos que recoge el acuerdo y la información sindical disponible, en torno al 60% de los trabajadores autonómicos y de los grandes municipios ya disfrutaban de esta jornada antes de este acuerdo. Sin embargo, seis comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, todavía no la han incorporado a su normativa regional. En el ámbito local, 21 de las 56 grandes ciudades consultadas aún no la han implantado para sus empleados municipales, entre ellas Valencia, Palma o Vitoria.
Esta desigualdad entre administraciones era el principal argumento de los sindicatos para exigir el cambio en la AGE. Con la publicación de esta resolución, los empleados de la administración central dejan de ser los únicos del sector público que trabajaban más horas que sus homólogos autonómicos o municipales. El Ministerio de Función Pública ha subrayado que el acuerdo incluye compromisos de adaptación organizativa para garantizar que la reducción de jornada no afecte a la calidad de los servicios públicos, especialmente en los ámbitos de atención directa a la ciudadanía.