El 8 de abril de 2026, la Dirección Interministerial Digital de Francia (DINUM) lanzó la que podría ser la mayor operación de sustitución de software propietario por software libre que haya emprendido jamás un Estado occidental. Todos los ministerios tienen hasta el otoño para presentar un plan de migración de Windows a Linux. La medida no se limita al sistema operativo: afecta también a herramientas colaborativas, antivirus, inteligencia artificial, bases de datos y telecomunicaciones. En juego está algo más que ahorrar en licencias: está la soberanía digital de uno de los países más influyentes de Europa.
El contexto no es casual. La tensión comercial con Estados Unidos bajo la presidencia de Trump aceleró un debate que llevaba años aparcado: ¿hasta qué punto puede un Estado europeo depender de infraestructura digital americana? Francia ya había dado algún paso previo, como el anuncio en enero de 2026 de sustituir Microsoft Teams y Zoom por una plataforma propia de videoconferencia llamada Visio, pensada para sus 2,5 millones de funcionarios. De momento la usan 40.000. El resto del camino está por recorrer.
España y Alemania ya lo intentaron, y no salió bien
El intento más famoso en España fue el de Extremadura. En 2001, la Junta puso en marcha LinEx, una distribución Linux basada en Debian, con el objetivo de implantarla en colegios y centros de salud. El proyecto inspiró iniciativas similares en otras comunidades: Andalucía con Guadalinex, Valencia con LliureX, Madrid con MAX, Galicia con Galinux, Cataluña con Linkat y Castilla-La Mancha con Molinux. Todas fracasaron. LinEx, que más prometía, acabó peor: en 2011 fue transferida a una fundación por recortes presupuestarios y, para entonces, apenas el 1% de los puestos de la administración autonómica usaba software libre. El golpe definitivo lo dio SAP cuando dejó de dar soporte a Linux en el sistema de historias clínicas. En 2024, la Junta eliminó formalmente la obligatoriedad de usar su distribución.
El caso de Múnich fue aún más sonado a escala europea. En 2003, el ayuntamiento anunció la migración de 14.000 ordenadores a LiMux, su propia versión de Linux basada en Debian. En 2013 parecía un éxito: 12.000 equipos migrados y un ahorro declarado de más de 11 millones de euros. Pero las quejas sobre pérdida de productividad se acumularon, y en 2017 el gobierno de la ciudad decidió volver a Windows 10 con 29.000 equipos. La convivencia de sistemas nunca funcionó del todo, y las aplicaciones heredadas resultaron imposibles de sustituir.
Hay casos que sí han funcionado
No todo son fracasos. La Gendarmería Nacional Francesa lleva décadas construyendo su propio camino hacia el software libre. Adoptó OpenOffice en 2005 y desde 2008 fue migrando a GendBuntu, una versión de Ubuntu. En junio de 2024, esa distribución corre en más de 103.000 puestos de trabajo, el 97% de su parque informático, con un ahorro de unos dos millones de euros anuales en licencias y una reducción del coste total de propiedad del 40%.
Otro modelo a seguir es el del estado alemán de Schleswig-Holstein, que inició su transición de Windows y Office a Linux y LibreOffice en 2021. A principios de 2026 había completado cerca del 80% de la migración en sus 30.000 puestos, con un ahorro estimado de 15 millones de euros en licencias solo durante ese año. El 20% restante sigue atado a aplicaciones especializadas, pero la voluntad política se ha mantenido entre distintos gobiernos, que es precisamente lo que distingue a los proyectos que triunfan de los que no.
Por qué unos proyectos sobreviven y otros no
Los casos exitosos comparten tres rasgos: migración gradual por fases, soporte técnico interno real y voluntad política sostenida más allá de un ciclo electoral. Los que fracasan, en cambio, suelen pecar de lo contrario: querer migrarlo todo a la vez, subestimar el peso de las aplicaciones heredadas y depender de que el proyecto no cambie de gobierno.
El problema de fondo no es instalar Linux, que hoy es sencillo y cuya curva de aprendizaje se ha reducido considerablemente. El problema real está en el software que corre encima. En la administración pública abundan programas hechos a medida para Windows, formularios que solo funcionan en navegadores concretos, sistemas de gestión sin equivalente en Linux y proveedores que, como ocurrió con SAP en Extremadura, simplemente no ofrecen soporte fuera de Windows.
Francia llega a este reto con una ventaja que sus predecesores no tenían: la Suite Numérique, un conjunto de herramientas ofimáticas y de productividad desarrolladas y mantenidas por el propio Estado, que pretende esquivar los problemas de compatibilidad que lastraron a Múnich cuando apostó por LibreOffice frente a los documentos de organismos que seguían con Microsoft Office. Y también llega con un enemigo conocido: la resistencia de los propios funcionarios, que en Múnich fue uno de los factores decisivos del fracaso final. Cambiar hábitos arraigados durante décadas nunca es trivial, y los planes más ambiciosos sobre el papel suelen encontrar su mayor obstáculo en las personas.