La derrota de Viktor Orbán en las elecciones húngaras del domingo ha desatado una reacción rápida en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han visto cómo se abría una ventana política que llevaban años esperando: la posibilidad de reformar las reglas de toma de decisiones dentro de la UE, históricamente bloqueadas por el veto reiterado del primer ministro nacionalista húngaro.

Orbán ha sido durante años uno de los principales escollos para alcanzar acuerdos en el seno de la Unión. Su capacidad para bloquear decisiones por unanimidad —el sistema que rige en áreas clave como política exterior o apoyo financiero a terceros países— le ha permitido actuar como elemento disruptivo en momentos críticos, incluida la aprobación de paquetes de ayuda a Ucrania. Con su salida del poder, esa dinámica podría cambiar radicalmente.

Un cambio histórico en Budapest

Péter Magyar, líder opositor que encabezó la candidatura que venció a Fidesz, el partido de Orbán, ha pasado los últimos meses refugiado en el Parlamento Europeo para esquivar la presión del aparato gubernamental húngaro durante la campaña electoral. Su victoria supone un giro político de enorme calado en un país que llevaba más de una década bajo el control de Orbán y que, en ese tiempo, acumuló una serie de conflictos abiertos con las instituciones comunitarias por el deterioro del Estado de derecho.

Según la información publicada sobre los resultados electorales, la llegada de Magyar al poder abre una nueva etapa en las relaciones entre Budapest y Bruselas. La Comisión Europea lleva años señalando a Hungría por incumplimientos en materia de independencia judicial, libertad de prensa y gestión de fondos europeos. Un cambio de gobierno podría desbloquear tanto los procesos legales abiertos como miles de millones de euros en fondos comunitarios que permanecen congelados.

La reforma del sistema de votación, sobre la mesa

Más allá de Hungría, von der Leyen ha aprovechado el momento para volver a poner sobre la mesa una propuesta que lleva circulando en los pasillos de Bruselas desde hace años: ampliar el uso de la mayoría cualificada en áreas donde actualmente se exige unanimidad. Este cambio afectaría a decisiones de política exterior, fiscalidad y otras materias sensibles donde un solo Estado miembro puede bloquear la voluntad del conjunto.

La Comisión Europea argumenta que un bloque de 27 países no puede funcionar eficazmente con reglas pensadas para una comunidad mucho más pequeña y homogénea. La guerra en Ucrania y la necesidad de responder con rapidez a crisis geopolíticas han reforzado ese argumento. El caso Orbán ha sido, en ese sentido, el ejemplo más visible de cómo un único gobierno puede paralizar decisiones que cuentan con el respaldo amplio del resto de socios.

La propuesta, sin embargo, no está exenta de resistencias. Varios países, especialmente los de menor tamaño, ven en el requisito de unanimidad una garantía de que sus intereses no serán ignorados por los grandes. Modificar esa regla requeriría, paradójicamente, el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, lo que convierte la reforma en un proceso políticamente complejo aunque el contexto actual sea más favorable que en los últimos años.

Reacciones contenidas en Bruselas

En las instituciones europeas, el ambiente es de alivio moderado. Fuentes comunitarias describen la situación como de "euforia contenida", a la espera de que Magyar consolide su llegada al poder y defina con claridad su posición respecto a los grandes dossieres europeos. Nadie en Bruselas da nada por sentado hasta que el nuevo gobierno húngaro esté plenamente operativo y empiece a traducir sus compromisos en hechos concretos.

Lo que sí parece claro es que el margen de maniobra de las instituciones comunitarias aumenta de forma considerable. La UE lleva meses intentando reforzar su respuesta ante la presión geopolítica de Rusia, y el apoyo continuo a Ucrania ha sido uno de los puntos donde el veto húngaro generó más fricciones. Con ese obstáculo potencialmente eliminado, el Consejo Europeo podría agilizar decisiones que han estado en suspenso durante demasiado tiempo.

El momento marca también un punto de inflexión para el debate más amplio sobre el futuro de la gobernanza europea. La derrota de Orbán no resuelve por sí sola las tensiones internas de la UE, pero sí elimina uno de los focos de conflicto más persistentes y devuelve al proyecto europeo una cierta capacidad de acción que, en los últimos años, se había visto seriamente limitada.