Mariano Rajoy compareció esta semana ante la Audiencia Nacional para negar que el operativo policial desplegado en 2013 contra Luis Bárcenas respondiera a una estrategia política orquestada desde el Gobierno. El expresidente, que dirigió el Ejecutivo entre 2011 y 2018, sostuvo que la intervención fue estrictamente policial y se ajustó en todo momento a la legalidad vigente.
El dispositivo en cuestión se puso en marcha después de que, en enero de 2013, trascendiera que Bárcenas —extesorero del Partido Popular— había acumulado una fortuna oculta en cuentas bancarias en Suiza. La cifra inicial que se manejó fue de más de 24 millones de euros, aunque las investigaciones posteriores elevaron esa cantidad hasta los 48 millones. Ante ese escenario, Rajoy justificó la actuación policial como una respuesta lógica: localizar el dinero y desvelar la red de presuntos testaferros que habría utilizado Bárcenas para ocultar esos fondos.
"Fue una operación policial que se adecuó totalmente a la legalidad", declaró Rajoy en su comparecencia, desmintiendo así la tesis de quienes sostienen que el seguimiento a Bárcenas tenía como objetivo intimidar o neutralizar políticamente a alguien que manejaba información comprometedora para la cúpula del PP. La defensa del extesorero ha apuntado en distintas ocasiones que el operativo no buscaba recuperar dinero, sino presionarle para que no revelara datos sobre la financiación irregular del partido.
El caso Bárcenas es uno de los procesos judiciales más prolongados y complejos de la democracia española reciente. La Audiencia Nacional lleva años investigando distintas piezas relacionadas con la presunta financiación ilegal del PP, los fondos ocultos del extesorero y las posibles implicaciones de altos cargos del partido. Bárcenas fue condenado en 2021 por el Tribunal Supremo a 33 años de prisión por delitos fiscales y blanqueo de capitales en el marco de la llamada 'caja B' del PP, aunque el caso ha seguido generando ramificaciones judiciales.
La figura de Bárcenas se convirtió en un terremoto político para el PP a partir de 2013, cuando el diario El País publicó los denominados 'papeles de Bárcenas', unos documentos manuscritos en los que se detallaba una supuesta contabilidad paralela del partido con pagos en negro a dirigentes. Rajoy apareció entre los nombres mencionados, algo que siempre negó. Desde entonces, el extesorero y el expresidente han mantenido versiones radicalmente opuestas sobre los hechos, y sus comparecencias judiciales han sido seguidas con gran atención pública.
El operativo policial de 2013 al que se refiere Rajoy implicó, según distintas informaciones publicadas en su momento, el seguimiento de los movimientos de Bárcenas y su entorno con el objetivo declarado de trazar el recorrido de los fondos ocultos. Sin embargo, la actuación generó controversia porque algunos sectores consideraron que fue desproporcionada o que respondía a otros intereses. La comparecencia de Rajoy ante la Audiencia Nacional busca precisamente aclarar su papel y conocimiento en aquella decisión.
El contexto político de aquel 2013 era especialmente tenso: el PP gobernaba con mayoría absoluta, pero el escándalo Bárcenas amenazaba con erosionar seriamente la credibilidad del Gobierno. Según la hemeroteca del Congreso de los Diputados, las preguntas parlamentarias sobre el caso se multiplicaron durante ese periodo, y la oposición exigió en repetidas ocasiones explicaciones directas de Rajoy. El expresidente compareció ante el Congreso en varias ocasiones, aunque siempre negó tener conocimiento de irregularidades.
La declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional añade un nuevo capítulo a un caso que, más de una década después de su estallido, sigue produciendo consecuencias judiciales. La instrucción del tribunal continúa explorando si hubo coordinación entre el Gobierno y los cuerpos policiales con fines distintos a los estrictamente investigadores. La resolución definitiva de todas las piezas abiertas podría tardar aún años en llegar, dado el volumen de diligencias acumuladas y la complejidad de las ramificaciones internacionales del caso, que involucran cuentas en Suiza y otras jurisdicciones europeas.