El caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, llega a un momento decisivo dos años después de que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abriera la investigación. La causa, que arrancó a partir de informaciones publicadas en prensa, acumula hoy cinco delitos y una pugna encarnizada por los tiempos del proceso.

El factor que marca el ritmo ahora mismo no es tanto la solidez de las pruebas como el calendario. El magistrado Juan Carlos Peinado alcanza la edad de jubilación forzosa —72 años— el próximo 27 de septiembre de 2026. Esa fecha ha convertido las últimas semanas en una carrera contrarreloj: Peinado quiere dictar el auto de apertura de juicio oral antes de que llegue ese día.

En el lado opuesto, las defensas de los investigados han desplegado una estrategia de dilación deliberada. El objetivo es claro: estirar los plazos lo suficiente para que sea otro instructor quien herede la causa, con la esperanza de que ese sucesor muestre menos determinación a la hora de llevarla adelante.

La instrucción, que comenzó como una causa de alcance limitado, se ha ramificado con el tiempo hasta incluir cinco presuntos delitos. Este crecimiento del expediente complica aún más la posibilidad de cerrar la fase de investigación en los meses que quedan antes de la jubilación del juez, según informan medios especializados en información judicial como El País.

El desenlace de esta batalla procesal determinará si Peinado consigue su objetivo de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal, o si la causa pasa a manos de otro juez con el resultado todavía abierto. En juego está no solo el futuro judicial del caso, sino también el desgaste político que supone para el Gobierno mantener abierto un procedimiento penal contra la pareja del presidente.