Jorge Caldevilla, coordinador de la Fiscalía de Menores en Asturias, supervisa cerca de 1,500 expedientes al año relacionados con menores que cometen delitos o que requieren protección familiar.

Este equipo fiscal atiende dos grandes grupos: alrededor de 500 casos por faltas o delitos juveniles, y casi 1,000 menores que, por diversas razones, no pueden ser atendidos temporal o definitivamente por sus familias. La tarea requiere equilibrar la justicia con medidas protectoras.

Caldevilla ha sido especialmente claro en su reclamo de que el centro de internamiento de menores de Sograndio quede atrás en favor de una nueva instalación adaptada a las necesidades actuales. Explica que la simple reforma del centro actual no garantiza una respuesta adecuada a los desafíos que enfrentan estos jóvenes.

Además, el coordinador insiste en la urgencia de establecer una edad mínima segura para acceder a las redes sociales. Propone fijar los 14 años como límite para evitar la exposición temprana a contenidos y riesgos en plataformas como Instagram y TikTok, que cada vez son más influyentes en la vida de los menores.

Este planteamiento llega en un momento en el que las preocupaciones por la salud mental y la seguridad digital de los jóvenes han aumentado notablemente. En particular, la Fiscalía de Menores enfoca parte de su trabajo en la prevención de casos relacionados con la violencia de género en jóvenes, un ámbito donde las redes sociales también juegan un papel relevante.

El contexto regional muestra que Asturias mantiene un seguimiento constante de los menores en situaciones vulnerables, lo que requiere recursos, infraestructuras adecuadas y medidas legales claras. La solicitud de un nuevo centro responde a la necesidad de modernizar esa atención y ofrecer un entorno más seguro y eficaz.

En concreto, la propuesta de Caldevilla señala que Sograndio, un espacio con décadas de funcionamiento, tiene limitaciones estructurales que dificultan la implementación de programas de rehabilitación y apoyo adaptados a la realidad actual. Por eso, consideran que un centro nuevo es la mejor opción para el futuro.

El debate sobre la edad para el uso de redes sociales también está presente en otras comunidades y en la legislación europea, donde se buscan mecanismos para proteger a los menores sin restringir sus derechos digitales. La postura del coordinador asturiano se alinea con iniciativas que pretenden establecer estándares claros y fáciles de implementar.

En este sentido, la Fiscalía toma un papel activo no solo en el ámbito judicial, sino también en la promoción de políticas públicas que garanticen un desarrollo seguro y saludable de la infancia y la adolescencia en la era digital.

Para más información sobre la Fiscalía de Menores en Asturias, se puede consultar la web oficial de la Fiscalía General del Estado. Sobre la regulación de menores en redes sociales, el Consejo de Europa ofrece guías y documentos actualizados.

En resumen, la voz de Jorge Caldevilla refleja la necesidad de renovación en la atención a menores en Asturias, abogando por infraestructuras modernas y una regulación prudente del uso digital para proteger a la juventud de forma integral.