Cinco muertos, una mina que debía estar en liquidación y carbón extraído de forma ilegal. El caso Cerredo siempre tuvo la densidad de una tragedia anunciada, pero la administración asturiana lo había envuelto en el lenguaje del infortunio. Ese relato acaba de recibir un golpe duro: un informe de 318 folios de la Inspección General de Servicios del Principado documenta con detalle qué hizo —y qué dejó de hacer— la administración regional antes del accidente.

El documento no señala un único error catastrófico sino una cadena de decisiones, omisiones y desórdenes acumulados. Según las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias, la extracción de carbón se prolongó ilegalmente en una explotación que debía estar cerrando, mientras los mecanismos de control fallaban en varios niveles al mismo tiempo. No fue un rayo en cielo despejado: fue un sistema que no funcionó.

Uno de los momentos más relevantes que recoge el informe es que en 2022 ya se había detectado extracción ilegal en la mina, pero no se tomaron medidas correctoras efectivas. A eso se suma que en 2019 se había reducido la estructura dedicada a la seguridad minera, ignorando advertencias previas y permitiendo que modelos jurídicos frágiles siguieran operando sin revisión. El resultado fue el accidente que costó la vida a cinco personas.

El impacto político es inmediato. El PSOE asturiano sostenía hasta ahora una lectura de los hechos basada en la imprevisibilidad del suceso, pero el informe convierte esa narrativa en algo difícil de defender. Según informan distintos medios regionales, las grietas internas ya son visibles: no todos en el socialismo asturiano comparten la tesis de la fatalidad una vez publicado el documento.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no aparece en el informe como firmante de ningún permiso ni como responsable directo de una decisión concreta. Pero la presidencia del Gobierno asturiano implica responsabilidad sobre la estructura del ejecutivo, sobre quién ocupa cada cargo y sobre cómo responde la administración ante señales de alarma. Cuando esa respuesta tarda años o directamente no llega, la responsabilidad política no desaparece: se acumula.

El caso Cerredo ya está en los juzgados, donde se dilucidará la responsabilidad penal. Pero el informe de Inspección opera en otro plano: el de la rendición de cuentas administrativa y política. Y en ese plano, 318 páginas son difíciles de ignorar.