El Gobierno convocó este miércoles a los sindicatos de la función pública para presentarles la oferta de empleo público (OPE) de la Administración General del Estado para 2026. El encuentro, lejos de ser un trámite, arrancó con el rechazo prácticamente anunciado de las tres grandes centrales sindicales presentes en la Mesa General de Negociación: UGT, CC OO y CSIF. El motivo central del malestar sindical no es tanto la cifra de plazas como la falta de datos para poder negociar en condiciones.
UGT ha sido la más contundente. El sindicato anunció antes incluso de sentarse a la mesa que "no avalaría" la propuesta del Ejecutivo. La federación de servicios públicos de UGT denunció en un comunicado que el Ministerio se había limitado a trasladar las líneas generales de la OPE sin concretar cuántas plazas se ofertarán ni a qué cuerpos y escalas irán dirigidas. Según el sindicato, sus reclamaciones para obtener esa información básica no han recibido respuesta. Sin datos, argumentan, no hay negociación real posible.
CC OO comparte ese diagnóstico y eleva la apuesta. Desde la central sindical advierten de que solo respaldarían la oferta si mejora "notablemente" respecto a la del año anterior, especialmente para reforzar los servicios encargados de gestionar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que acaba de ponerse en marcha esta semana. Si el Gobierno no acredita con cifras que la OPE genera empleo neto —es decir, que crea más puestos de los que se pierden por jubilaciones— su posición será el rechazo, según han indicado fuentes de la organización. El precedente es claro: en 2025, las tres centrales ya rechazaron una oferta de 36.600 plazas por considerarla insuficiente.
CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, mantiene una postura de prudencia pero sin ocultar sus exigencias. Desde la central reclaman verificar con datos concretos que efectivamente se va a crear empleo neto y que el volumen de plazas sea suficiente para reforzar plantillas en organismos con una demanda creciente de personal: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico o Instituciones Penitenciarias. La queja compartida por las tres organizaciones es que el Gobierno ha anunciado que la oferta será "similar" a la del año pasado, pero sin facilitar las cifras de bajas previstas por jubilaciones, lo que hace imposible calcular si habrá creación real de empleo.
El procedimiento también genera tensión. Los representantes sindicales critican que la Secretaría de Estado de Función Pública haya citado a las centrales para presentarles las cifras definitivas y cerrar la negociación en la misma reunión, sin margen para el análisis ni para formular propuestas alternativas. Ese modelo de negociación —presentar y cerrar en un solo acto— choca con los estándares que los sindicatos consideran mínimos para un proceso de estas características.
A la disputa sobre la OPE 2026 se suma otro frente pendiente: más de 9.000 plazas para personal laboral incluidas en las ofertas de 2023, 2024 y 2025 que todavía no han sido convocadas. En concreto, se trata de 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.328 de promoción interna que acumulan retrasos significativos. El problema añadido es que estas plazas caducan a los tres años de ser aprobadas, lo que significa que una parte podría comenzar a perderse si no se activa el proceso de convocatoria en los próximos meses. Según fuentes sindicales, los negociadores de Función Pública se han comprometido a convocar la oferta acumulada de 2023 y 2024 en un plazo máximo de dos meses, aunque las centrales expresan serias dudas sobre el cumplimiento de ese compromiso.
El contexto es relevante. La Administración General del Estado lleva años intentando renovar unas plantillas envejecidas y reducidas tras los recortes de la crisis de 2008-2012, que limitaron severamente las tasas de reposición de empleados públicos. El proceso de rejuvenecimiento ha sido lento y la presión asistencial en determinados organismos —especialmente los relacionados con prestaciones sociales, migración y tráfico— se ha intensificado. Para los sindicatos, una oferta insuficiente o mal estructurada no es solo una cuestión laboral, sino un problema de capacidad operativa del Estado.
Lo que ocurra en esta mesa marcará también el clima laboral en la función pública de cara al resto del año. Si la OPE 2026 vuelve a ser rechazada, el Gobierno tendrá la opción de aprobarla unilateralmente —como es legalmente posible— o reabrir una negociación con más información sobre la mesa. La primera vía agravaría la tensión con los representantes de los trabajadores públicos; la segunda implicaría retrasar un proceso que ya acumula demoras notables.