Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, lanzó el sábado un mensaje contundente desde Barcelona: Europa no puede seguir mirando hacia otro lado ante el poder creciente de las grandes plataformas tecnológicas. Lo hizo en el foro Global Progressive Mobilisation, un encuentro de fuerzas progresistas y socialistas que reunió a representantes de varios países para debatir, entre otros asuntos, cómo proteger las democracias de la llamada coerción tecnológica.

Las palabras de Ribera no dejaron margen a la ambigüedad. Según recoge la agencia EFE, la dirigente española afirmó estar "cansada de guardar silencio" y llamó a no permanecer pasivos ante lo que describió como abusos de las compañías del sector. El contexto que usó para ilustrar sus argumentos fue especialmente duro: mencionó el uso de inteligencia artificial en el conflicto de Gaza y en Irán para atacar a civiles, así como su supuesta implicación en operaciones relacionadas con el intento de detener a Nicolás Maduro en Venezuela. Casos que, en su opinión, demuestran que la tecnología ya no es una cuestión neutral.

Una concentración de poder sin precedentes

Más allá de las declaraciones de impacto, el análisis que ofreció Ribera tiene una dimensión económica difícil de ignorar. Cinco grandes compañías tecnológicas acumulan un valor conjunto cercano a los ocho billones de euros, una cifra que supera ampliamente el PIB de España y que incluso rebasa la suma de las economías alemana y francesa. Ese dato, por sí solo, ilustra la magnitud del fenómeno al que se enfrenta la regulación europea.

Para la vicepresidenta, este nivel de concentración no tiene precedentes en la historia económica moderna. Y lo que resulta aún más preocupante, según su diagnóstico, no es el tamaño en sí, sino la capacidad que ese tamaño otorga para moldear qué información consumen los ciudadanos. Como ejemplo señaló las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde ya se habrían detectado intentos de manipulación informativa a través de estas plataformas. También advirtió de que ese poder podría usarse para limitar el acceso a información de responsables públicos o de personas que denuncian vulneraciones de derechos civiles.

Europa intenta ponerse al día

La Unión Europea ha dado pasos relevantes en los últimos años para abordar este problema. La aprobación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) representan dos de los intentos más ambiciosos del bloque para establecer reglas claras sobre cómo operan las grandes plataformas en suelo europeo. Sin embargo, Ribera fue directa al señalar que esos avances no son suficientes de cara al futuro.

En este sentido, la vicepresidenta abogó por reforzar lo que denominó el "escudo democrático europeo", una idea que implica mayor coordinación entre administraciones nacionales y actores políticos de distintas jurisdicciones. Los ejes de esa cooperación serían el control de la responsabilidad de las plataformas, la protección de los menores en el entorno digital y la trazabilidad de contenidos ilícitos o dañinos. En otras palabras, no basta con regular desde Bruselas si los Estados miembros no acompañan esa regulación con mecanismos propios de supervisión y respuesta.

El llamamiento de Ribera también tiene una carga simbólica. Hablar de "recuperar el orgullo" europeo no es retórica vacía en este contexto: hace referencia a la necesidad de que el bloque deje de actuar a remolque de decisiones que se toman en Silicon Valley y empiece a imponer sus propias condiciones. Europa tiene un mercado de cientos de millones de consumidores, y eso le otorga una palanca que, según la vicepresidenta, no se está usando con suficiente determinación.

El debate sobre la regulación tecnológica no es nuevo, pero el tono que está adoptando desde las instituciones europeas sí parece haber cambiado. Si durante años el enfoque predominante fue el de incentivar la innovación y evitar trabas al crecimiento del sector, ahora hay una voluntad más explícita de poner límites. El desafío es hacerlo sin que eso derive en fragmentación digital o en una carrera proteccionista que acabe perjudicando a los propios ciudadanos europeos.

Lo que queda claro tras las declaraciones de Ribera en Barcelona es que la Comisión Europea no está dispuesta a seguir siendo un actor secundario en este tablero. La pregunta es si esa voluntad política se traducirá en medidas concretas y con músculo suficiente para hacer frente a empresas cuyo valor de mercado rivaliza con el de economías enteras.