El Parlamento del Reino Unido ha aprobado definitivamente la Ley de Tabaco y Vapeo, una norma que cambia de forma estructural la relación del país con el consumo de nicotina. A partir de ahora, ninguna persona nacida el 1 de enero de 2009 o después podrá comprar tabaco de forma legal en el Reino Unido. El texto ha superado el último escollo parlamentario tras alcanzar el consenso necesario entre la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, y entrará en vigor en cuanto reciba la sanción real del rey Carlos III.

El mecanismo de la ley es sencillo pero de gran calado: la edad mínima legal para adquirir tabaco, actualmente fijada en 18 años, se incrementará en un año cada año natural. De este modo, la barrera irá subiendo progresivamente hasta que, en torno a 2040, el acceso al tabaco quede completamente vedado para toda una generación. El objetivo declarado del Gobierno es erradicar el hábito tabáquico entre los jóvenes de forma definitiva, sin prohibiciones abruptas para quienes ya fuman, pero cerrando la puerta a los nuevos consumidores.

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha defendido la medida con argumentos de salud pública y sostenibilidad del sistema sanitario. Según sus palabras, la prevención resulta más eficaz y económica que el tratamiento, y esta reforma contribuirá a aliviar la presión sobre el Servicio Nacional de Salud, que cada año atiende miles de casos asociados a enfermedades derivadas del tabaquismo. El coste del tabaco para el sistema sanitario británico es uno de los argumentos centrales que han respaldado la tramitación de esta ley durante los últimos dos años.

Una ley con historia propia

La iniciativa no nació con el actual Gobierno laborista de Keir Starmer, sino con su predecesor conservador, el entonces primer ministro Rishi Sunak. Fue Sunak quien impulsó el proyecto en 2023, aunque su aprobación en primera instancia dependió del voto favorable de los diputados laboristas, que entonces ejercían como oposición. Paradójicamente, casi sesenta diputados del propio partido conservador votaron en contra, y otros cien optaron por abstenerse, lo que dejó en evidencia la fractura interna del Partido Conservador en torno a esta cuestión.

Tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024 y la llegada de Starmer a Downing Street, el nuevo Ejecutivo retomó el texto y lo impulsó hasta su aprobación definitiva. La ley se convierte así en uno de los pocos ejemplos recientes de continuidad legislativa entre gobiernos de distinto signo en el Reino Unido, algo que sus defensores presentan como una señal de que el consenso en materia de salud pública puede superar las diferencias partidistas.

El único precedente internacional comparable fue el de Nueva Zelanda, cuyo Gobierno aprobó en 2022 una legislación similar con el mismo enfoque generacional. Sin embargo, aquella norma fue derogada en 2023, apenas unas semanas después de que el partido de extrema derecha ACT New Zealand llegara al poder en coalición. El caso neozelandés sirve como advertencia sobre la fragilidad de este tipo de políticas ante cambios de Gobierno.

Vapeo y cigarrillos electrónicos, bajo control

Más allá de la restricción sobre el tabaco convencional, la ley amplía de forma significativa la capacidad regulatoria del Gobierno sobre el vapeo y los productos de nicotina alternativos. Las autoridades podrán limitar o prohibir el uso de sabores pensados para atraer a consumidores jóvenes, como los frutales o los dulces, así como restringir el diseño de envases llamativos que los fabricantes emplean habitualmente para captar nuevos usuarios.

En cuanto a los espacios donde queda prohibido vapear, la ley incluye el interior de vehículos con menores a bordo, los parques infantiles y los exteriores de hospitales y centros educativos. Estas restricciones amplían el mapa de zonas libres de humo y equiparan en parte el tratamiento del vapeo al del tabaco tradicional en entornos sensibles.

El vapeo seguirá siendo legal en terrazas de hostelería, espacios al aire libre de acceso público y entornos naturales de carácter privado. El Gobierno ha querido evitar una prohibición total que pudiera generar rechazo social entre los adultos que usan los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar, un uso que algunas organizaciones sanitarias han respaldado como alternativa de reducción de daños, aunque con matices sobre su seguridad a largo plazo.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el tabaco mata a más de ocho millones de personas al año en todo el mundo, de las cuales más de un millón fallecen a causa del tabaquismo pasivo. En este contexto, la ley británica se convierte en la apuesta más ambiciosa de un gobierno occidental por eliminar el consumo de tabaco de forma generacional, y será observada de cerca por otros países que estudian medidas similares.