El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una hoja de ruta que movilizará 7.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para intentar frenar la crisis de acceso a la vivienda en España. El plan, impulsado por la ministra Isabel Rodríguez, llega siete meses después de que se presentase el primer borrador y promete triplicar la inversión pública en políticas habitacionales. Sin embargo, desde el primer día acumula críticas tan contundentes que ponen en duda su viabilidad antes de arrancar.

La ministra defendió el plan destacando que ningún euro irá destinado a la especulación y que el texto cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. También subrayó que el plan responde a demandas estructurales del sector y pidió «lealtad» a las comunidades autónomas para que se sumen a su despliegue. El problema es que buena parte de esas comunidades ya ha dado señales de resistencia, y la financiación sigue siendo el nudo gordiano de toda la estrategia.

El escollo de la cofinanciación con las autonomías

El plan contempla que las comunidades autónomas aporten el 40% del total, es decir, 2.800 millones de euros. Este punto generó tensiones desde septiembre, cuando varios gobiernos regionales se opusieron frontalmente al modelo de reparto. Para intentar desatascar la situación, el Gobierno se reunirá el 28 de abril con las autonomías con el objetivo de preparar una Conferencia Sectorial que permita llegar a acuerdos antes del verano. Mientras tanto, el Ejecutivo ha prometido financiar al 100% lo que reste de 2025, para evitar que las regiones tengan «excusas» para no desplegarlo.

Uno de los casos más llamativos es el de la Comunidad de Madrid. El mismo día en que el Gobierno aprobaba su plan nacional, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentaba el suyo propio, con el que pretende construir hasta 18.000 viviendas protegidas en cuatro años. Desde la Puerta del Sol calificaron el plan estatal de «inviable» en su financiación y cuestionaron la constitucionalidad de algunas de sus medidas. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también alertó de que condicionar la aplicación del plan a la voluntad de cada autonomía «dificulta enormemente su implementación».

¿Llegará el dinero donde más falta hace?

Más allá del reparto de fondos entre administraciones, el otro gran cuestionamiento tiene que ver con si el plan realmente aumentará la oferta en los mercados donde los precios ya están fuera de control. Y aquí las voces críticas son aún más numerosas.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) advirtió de que el impacto del plan «será limitado» si no se incrementa el presupuesto de forma significativa. Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas fueron más directos y tacharon de «ridículo» el presupuesto planteado. La FAI, por su parte, señaló que el plan no se centra lo suficiente en las zonas tensionadas, que son precisamente donde se concentra el grueso del déficit habitacional en España. Según estimaciones del sector, ese déficit oscila entre 700.000 y un millón de viviendas. La Asociación de Promotores Constructores (APCEspaña) insistió en que, sin habilitar más suelo para construir, ningún plan de inversión servirá para equilibrar la oferta y la demanda.

También llama la atención que el plan incluya ayudas específicas para municipios de menos de 10.000 habitantes, cuando el problema más acuciante está en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas.

Qué incluye el plan y a quién beneficia

El texto aprobado distribuye los 7.000 millones en tres grandes bloques. El 40%, unos 2.800 millones, irá destinado a vivienda protegida, recuperando las ayudas a la construcción de VPO de hasta 85.000 euros por unidad, con una «cláusula antifraude» para garantizar la transparencia en las adjudicaciones. Esas ayudas pueden escalar hasta los 102.000 euros si las promociones se ubican en zonas tensionadas o apuestan por la construcción industrializada, una modalidad que podría acortar plazos pero que, según expertos del sector inmobiliario, no servirá por sí sola para contener los precios finales.

El segundo bloque destina 2.100 millones, el 30% del total, a rehabilitación del parque existente, con foco en accesibilidad y eficiencia energética. El objetivo es reducir un 30% el consumo en hasta 260.000 viviendas. Las ayudas se incrementan cuando se trata de inmuebles en zonas de protección patrimonial o de viviendas vacías que vayan a incorporarse al mercado del alquiler asequible.

El tercer eje son las ayudas directas. Los jóvenes podrán recibir hasta 300 euros mensuales para el alquiler y hasta 15.000 euros para comprar su primera vivienda en municipios pequeños. Se incorporan también nuevas líneas de ayuda: 250 euros mensuales para hogares vulnerables y hasta 1.000 euros al mes para mujeres víctimas de violencia de género que necesiten cubrir su arrendamiento.

El plan tiene sobre el papel una ambición evidente. Pero entre la aprobación formal en el Consejo de Ministros y el despliegue real de los fondos hay un camino largo, sembrado de negociaciones políticas, posibles recursos judiciales y la incertidumbre de si el dinero llegará a tiempo y a los lugares donde más se necesita. La crisis de vivienda en España lleva años enquistada y, como recuerdan desde el propio sector, ninguna medida aislada ha logrado hasta ahora doblarle el brazo al mercado.