El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el mayor despliegue de inversión pública en materia de vivienda de las últimas décadas. Con una dotación de hasta 7.000 millones de euros —el triple que el plan anterior—, el Gobierno busca ampliar la oferta de vivienda protegida, rehabilitar el parque existente y reforzar las ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes. El texto llega en forma de Real Decreto, lo que le permite entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado sin necesidad de pasar por el Congreso, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
La principal novedad que ha destacado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es el principio de protección indefinida: todos los inmuebles adquiridos o promovidos con dinero de este plan quedarán calificados como vivienda protegida de manera permanente. Esto implica que no podrán salir al mercado libre en el futuro, cortando de raíz una práctica que ha permitido que decenas de miles de VPO se descalificaran con el paso del tiempo y acabaran siendo vendidas a precio de mercado.
Cómo se distribuye el presupuesto
El plan divide su presupuesto en tres grandes bloques. El 40% de los fondos, unos 2.800 millones de euros, se destinará a ampliar la oferta de vivienda pública, tanto mediante nueva construcción como a través de la adquisición de vivienda ya existente. El 30% irá a rehabilitación del parque actual: las ayudas van desde los 8.000 euros para actuaciones estructurales hasta los 20.500 euros para mejoras de eficiencia energética, pasando por los 13.000 euros para accesibilidad. Existe además una línea específica de hasta 35.000 euros para rehabilitar viviendas vacías, condicionada a que después se pongan en alquiler durante al menos cinco años a un precio asequible. El 30% restante cubre ayudas directas a personas: emancipación juvenil, reducción del esfuerzo financiero y actuaciones en zonas tensionadas.
Entre las novedades más llamativas para los jóvenes, el bono alquiler sube de 250 a 300 euros mensuales. Además, se introducen ayudas de hasta 300.000 euros para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas y más de 10.800 euros para quienes compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. Los municipios de menos de 10.000 habitantes también podrán acceder a hasta 85.000 euros por vivienda pública construida.
La cláusula antifraude y el caso de las VPO de Alicante
El plan incorpora una "cláusula antifraude" directamente vinculada al escándalo de las VPO de Alicante, donde la Justicia investiga presuntos amaños en la adjudicación de viviendas protegidas. A partir de ahora, ninguna promoción podrá recibir financiación pública si no cuenta con un registro público de demandantes, canales de adjudicación transparentes y sorteos ante notario. La ministra Rodríguez ha sido explícita: el dinero del plan no financiará ninguna promoción donde no se garanticen criterios objetivos y verificables por cualquier ciudadano.
Otro punto de fricción es la aportación de las comunidades autónomas. El plan exige que las autonomías financien el 40% de la inversión prevista, frente al 25% que aportaban en planes anteriores. Varios gobiernos autonómicos del PP han criticado este reparto, argumentando que rompe el principio de igualdad entre territorios y que el plan tiene un sesgo ideológico. El texto, no obstante, recoge aportaciones de las propias autonomías tras meses de negociación, lo que explica en parte los cuatro meses de retraso respecto al calendario inicial del Ministerio.
Las críticas, de todos los flancos
El plan ha recibido reproches tanto de la oposición como de los socios del Gobierno. Desde Sumar, su portavoz de Vivienda en el Congreso ha calificado el plan de "muy insuficiente" por no incorporar medidas fiscales o regulatorias más ambiciosas contra la acumulación de viviendas. Podemos ha ido más lejos y ha comparado el volumen de inversión previsto hasta 2030 con el gasto militar de apenas dos meses y medio, poniendo en cuestión las prioridades del Ejecutivo. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado la política de vivienda del Gobierno de "absoluto fracaso", recordando que el acceso a la vivienda ha empeorado de forma sostenida en los últimos años.
El contexto en el que llega el plan es especialmente tenso. Según los datos del Banco de España, el esfuerzo financiero de los hogares para acceder a una vivienda lleva años en máximos históricos, y la escasez de oferta en las grandes ciudades sigue siendo estructural. El plan apuesta por atacar ese problema desde la oferta —construyendo y comprando más vivienda pública— mientras mantiene las ayudas a la demanda. Si la fórmula funcionará dependerá en gran medida de la velocidad de ejecución y de la colaboración efectiva entre administraciones, un reto que los planes anteriores no siempre han sabido resolver.