El poder judicial iraní ejecutó en la madrugada del lunes a Mohammad Masum Shahí y Hamed Validí, dos ciudadanos a quienes las autoridades acusaron de colaborar con el servicio de inteligencia israelí, el Mosad. Ambos fueron ahorcados tras la celebración del juicio y la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, según informó la agencia Mizan, vinculada a la judicatura del país.
Las autoridades presentaron a los dos hombres como integrantes de una red de espionaje al servicio de Israel. Los cargos que se les imputaron incluían conceptos como "enemistad contra Dios", "colaboración con grupos hostiles", "conspiración contra la seguridad nacional", "pertenencia a una organización terrorista" y "propaganda contra el sistema". Todos ellos son delitos que en el ordenamiento jurídico iraní pueden conllevar la pena de muerte.
Según la versión oficial, los condenados habrían establecido contacto con agentes israelíes a través de internet y durante desplazamientos al Kurdistán iraquí. Tras recibir supuestamente formación en el extranjero, habrían regresado a Irán con la intención de perpetrar acciones de sabotaje. El poder judicial aseguró que fueron detenidos antes de que pudieran actuar, momento en el que supuestamente portaban varios proyectiles explosivos. Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba independiente que respalde estas afirmaciones, y el proceso no ha estado sometido a escrutinio externo.
La versión de la oposición iraní en el exilio
La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), catalogada como organización terrorista por Teherán pero con actividad política reconocida en varios países occidentales, ofreció una versión diferente. Según el MEK, ambos ejecutados eran miembros de su organización y habían sido detenidos en mayo del año pasado. El cargo de espionaje para Israel habría sido añadido meses después, en octubre, coincidiendo con el contexto del enfrentamiento armado conocido como la guerra de los 12 días. La organización también denunció que los detenidos fueron sometidos a torturas durante los interrogatorios previos al juicio.
Esta discrepancia entre la narrativa oficial y la de la oposición en el exilio resulta habitual en los casos de condenas a muerte en Irán relacionados con acusaciones de espionaje o colaboración con enemigos del Estado. La falta de acceso independiente a los procesos judiciales hace imposible contrastar ambas versiones con garantías.
Alarma internacional por el aumento de ejecuciones
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han manifestado su preocupación ante el incremento de las ejecuciones en Irán durante los últimos meses, un periodo marcado por el agravamiento de las tensiones militares con Israel y la presión geopolítica sobre el régimen. Estas organizaciones advierten de que los procesos judiciales iraníes relacionados con cargos de seguridad nacional no cumplen con los estándares mínimos de un juicio justo: los acusados carecen de acceso adecuado a abogados defensores, los juicios se celebran con escasa o nula publicidad, y las confesiones obtenidas bajo coacción se emplean como prueba principal.
La relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Irán, Mai Sato, ha señalado en informes anteriores que la República Islámica utiliza la pena capital de forma sistemática como mecanismo de control político, con especial intensidad en momentos de crisis interna o externa. Según fuentes de organizaciones humanitarias, desde el inicio de los recientes enfrentamientos militares se han registrado al menos varias ejecuciones más con cargos de naturaleza similar.
Irán figura de manera constante entre los países con mayor número de ejecuciones en el mundo. Según los datos recopilados por Amnistía Internacional, el país ocupa regularmente los primeros puestos en este indicador a escala global, con centenares de condenas llevadas a cabo cada año en distintas categorías de delitos.
El caso de Shahí y Validí se produce en un contexto de máxima tensión entre Irán e Israel, después del intercambio de ataques militares directos de los últimos meses. Teherán ha respondido a la presión exterior, entre otras vías, con la represión interna de quienes considera colaboradores del enemigo. La combinación de ejecuciones de alto perfil, acusaciones de espionaje y cargos religiosos como la "enemistad contra Dios" forma parte de un patrón que los expertos en derechos humanos describen como intimidación institucional frente a la disidencia y a cualquier contacto con el exterior percibido como amenaza para el régimen.