La industria española atraviesa un momento crítico en su competitividad, profundizado por las políticas fiscales y laborales implementadas por el Gobierno actual. En este contexto, las empresas del sector han pedido que las medidas de apoyo económico vinculadas a la guerra en Oriente Próximo se mantengan, especialmente las relacionadas con la reducción del coste energético.

Estas compañías insisten en que el Ejecutivo prorrogue las rebajas de impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, además de eliminar el tributo sobre la generación eléctrica. Esto es clave para que la industria nacional pueda competir con sus rivales europeos, en un momento donde la tensión inflacionaria originada por el alza de la energía no parece remitir, según las previsiones del Banco de España.

La cuestión es por qué la industria española depende del respaldo público para mantenerse competitiva frente a sus socios europeos. Una explicación fundamental es la carga fiscal que recae sobre el sector eléctrico en España. Aunque los precios mayoristas de la electricidad suelen estar entre los más bajos de Europa, la inclusión de impuestos sitúa a España en el top 10 de países con la energía más cara del continente. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para las cuales el coste tras impuestos puede aumentar hasta un 50%, según la patronal industrial.

La elevada fiscalidad sobre la energía ha contribuido a que la competitividad de la economía española acumule 16 meses consecutivos en negativo. Durante el primer trimestre del año, las exportaciones de bienes y servicios solo crecieron un 0,8%, mientras que las importaciones aumentaron un 3,2%, un signo claro del desequilibrio comercial que refleja la pérdida de dinamismo industrial. Además, consultoras internacionales señalan la alta fiscalidad española como un factor que limita la inversión extranjera en el sector industrial.

Otro factor determinante en la pérdida de competitividad es la elevada carga laboral. La conocida "cuña fiscal", que engloba impuestos y cotizaciones sociales que deben asumir las empresas, supera en 11 puntos la media de la OCDE. Esta diferencia se ha acentuado debido a las subidas del salario mínimo y a las crecientes contribuciones empresariales a la Seguridad Social, que en parte sirven para financiar las pensiones tras la reindexación al IPC. Esta situación no solo tensiona el sistema de pensiones, sino que impone mayores costes a las compañías productivas.

La carga fiscal y de cotizaciones sobre los salarios oscila entre el 36,8% y el 41,4%, con la mayor parte a cargo de las empresas. Muchas incorporan esas costes sin que los trabajadores los perciban directamente, lo que ha generado debate en torno a propuestas como la de CEOE para que los trabajadores gestionen directamente estos pagos con la Seguridad Social y Hacienda. Esta presión fiscal laboral, junto con el elevado coste energético, ha comprimido los márgenes empresariales y empeora la competitividad general.

A estos retos se suman las dificultades para cubrir puestos especializados. La escasez de mano de obra cualificada ha elevado las vacantes en la industria a niveles récord, limitando la capacidad productiva y la innovación del sector. Esta falta de talento apunta a un problema estructural que las políticas públicas deben abordar para no comprometer el futuro competitivo de la industria.

Por último, la brecha de productividad con Europa es otro lastre para el sector industrial español. Aunque la productividad por hora creció un 0,5% el año pasado, esta cifra es insuficiente para cerrar el desfase del 8% con respecto a la media comunitaria antes del 2050, según el Banco de España. Mejorar este indicador es clave para que el aumento salarial sea sostenible sin dañar la competencia empresarial.

El tamaño reducido de muchas pymes industriales dificulta la mejora de la productividad, haciendo necesarias políticas que impulsen la concentración empresarial, reduzcan la burocracia y faciliten la inversión. Solo con estas medidas, junto con una fiscalidad energética y laboral más competitiva, la industria podrá recuperar terreno en el mercado europeo y sostener su crecimiento.

Las peticiones de las patronales industriales a favor de mantener las reducciones fiscales y mejorar las condiciones laborales reflejan una necesidad urgente. La competitividad de la industria española depende cada vez más de la intervención pública para contrarrestar los costes estructurales que la colocan en desventaja frente a sus rivales en Europa.

Para más información sobre la situación económica y política en España, se pueden consultar informes del Banco de España y análisis de la CEOE.