La jubilación parcial de los empleados públicos laborales ya tiene vía libre tras un año de paralización debido a la última reforma de pensiones. El Gobierno ha aprobado un real decreto que permitirá reactivar esta modalidad de retiro anticipado, posibilitando la contratación de personal interino para cubrir las plazas de quienes accedan a esta fórmula.

Esta medida surge tras endurecerse en abril de 2023 las condiciones para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo. La última reforma implantó que el contrato del relevista debía ser indefinido y a tiempo completo, lo que en el sector público se traduce en un proceso complejo que incluye convocatorias, pruebas y baremación, lo que ha provocado la paralización de más de 6.000 solicitudes, según fuentes sindicales.

El cambio facilita ahora que las administraciones puedan emplear interinos para sustituir a los trabajadores que se acojan a la jubilación parcial, recuperando así la agilidad en los procesos. Esta fórmula era habitual antes de la reforma y reestablece un modelo que había desaparecido en el sector público, aunque sigue vigente en el privado con condiciones más estrictas.

El sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, ha expresado su satisfacción con esta decisión, aunque reclama que la jubilación parcial también se extienda a los funcionarios y personal estatutario, ya que actualmente solo la pueden solicitar los trabajadores laborales, que suman aproximadamente 250.000 empleados.

Este desbloqueo, pese a ser bien recibido, genera debate sobre su impacto en la temporalidad. La reforma de pensiones tenía entre sus objetivos reforzar los derechos de los relevistas mediante la estabilidad laboral, pero ahora la vuelta a los contratos interinos en la administración pública podría ir en contra de esa intención.

Además, esta decisión puede complicar el cumplimiento de España con el Plan de Transformación y Resiliencia, que busca reducir la tasa de temporalidad en el sector público al 8%. Actualmente, esa tasa ronda el 30%, muy por encima del sector privado que tras la reforma laboral ha reducido su temporalidad a cerca del 12%.

La Comisión Europea ha advertido a España sobre posibles sanciones si no mejora esta situación. La medida del real decreto abre una vía para desbloquear jubilaciones parciales, pero también implica un desafío para la estabilidad laboral y la transformación del empleo público a medio plazo.

Con esta iniciativa, el Gobierno intenta equilibrar necesidades inmediatas de retiro anticipado y cobertura de plazas, mientras mantiene abierta la discusión sobre cómo avanzar hacia un empleo público más estable y ajustado a las exigencias europeas. El seguimiento de esta medida en los próximos meses será clave para valorar su impacto real sobre la plantilla pública y el mercado laboral en España.

Para más información, se puede consultar el comunicado oficial del Ministerio de Función Pública y los informes recientes de CSIF sobre jubilación parcial y temporalidad, así como los datos del Ministerio de Seguridad Social.

Esta medida refleja las tensiones entre proteger derechos laborales y cumplir con compromisos europeos, un debate central en la gestión del empleo público en España.