El Gobierno ha decidido incrementar al 4% la regla de gasto para las comunidades autónomas en 2027, una subida de medio punto porcentual con respecto a lo previsto inicialmente. Esta medida forma parte de las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de ese año y busca ofrecer mayor margen a las administraciones regionales en un contexto marcado por varias citas electorales.
Esta revisión se produce tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, que además anunció una reducción progresiva del límite para 2028 y 2029, estableciéndolo en un 3,8 % y un 3,6 %, respectivamente. Estas cifras siguen siendo superiores a las del año actual, dando cierta flexibilidad a las autonomías para ajustar su gasto.
Paralelamente, el Ejecutivo mantiene para 2027 un objetivo de déficit del 1,8 % para el conjunto de la Administración, con previsiones de reducción posterior hasta el 1,6 % en 2028 y el 1,5 % en 2029, en línea con las metas de estabilidad fiscal acordadas con Bruselas. En cuanto a las comunidades autónomas, el déficit se sitúa en un mínimo del 0,1 %, lo que implica un margen de alrededor de 5.894 millones de euros.
Respecto a los recursos, Hacienda ha propuesto un aumento histórico en las entregas a cuenta a las autonomías, que alcanzarán cerca de 170.000 millones de euros en 2027, un incremento respecto a los aproximadamente 157.000 millones del presente ejercicio. Esto responde a la intención del Gobierno de dotar a las regiones de mayores fondos para afrontar gastos crecientes, especialmente en políticas sociales y servicios públicos.
Las nuevas proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo anticipan un crecimiento del PIB del 2,6 % en 2026, seguido de una expansión del 2,2 % en 2027 y del 2,1 % en 2028. Estas cifras reflejan un escenario en que se prevé una moderación de la incertidumbre internacional, pese a las tensiones en Oriente Próximo que podrían alterar las previsiones e impactar en la inflación y en las exportaciones españolas.
Las críticas no se han hecho esperar. Los consejeros autonómicos del Partido Popular calificaron la reunión del CPFF como un trámite formal sin contenido real y exigieron mayor margen para el gasto debido al aumento de las demandas sociales y al impacto del crecimiento del IPC. El consejero gallego Miguel Corgos destacó que las comunidades afrontan obligaciones adicionales sin el respaldo suficiente del Estado.
En paralelo, el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica continúa pendiente. Aunque no fue abordado en profundidad durante la cita del CPFF, el Ministerio de Hacienda ha prometido convocar una reunión específica antes de julio para discutir este asunto, que genera fuertes discrepancias entre el Gobierno y las administraciones regionales, especialmente las gobernadas por el PP.
Asimismo, los ayuntamientos han reclamado mayor protagonismo en las negociaciones, destacando que mantienen niveles bajos de endeudamiento y no pueden quedarse al margen de los cambios en financiación. La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, pidió que se les tome en cuenta para evitar que solo reciban "migas" tras la reforma.
El ajuste de la regla de gasto y el aumento del techo presupuestario apuntan a una hoja de ruta en la que el Gobierno intenta equilibrar la necesidad de mantener disciplina fiscal con la presión política y social para incrementar el gasto público. Los próximos meses serán clave para ver cómo se concretan estos compromisos y si el Ejecutivo logra el apoyo parlamentario suficiente para aprobar las cuentas 2027.
Para consultar las proyecciones oficiales y detalles de la negociación, se puede revisar la información en el Ministerio de Hacienda y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.