Un grupo de inversores encabezado por el fondo alemán DCM Energy ha logrado una nueva victoria en un arbitraje internacional contra España, que deberá pagar más de 24 millones de euros por la retirada de ayudas a las energías renovables. Esta sentencia se añade a una larga lista de laudos arbitrales que el Estado español ha recibido y que acumulan una deuda total superior a los 2.300 millones de euros.

Los inversores ejecutaron proyectos fotovoltaicos en España que se vieron perjudicados por decisiones posteriores del Gobierno, que redujo las primas y subvenciones a este tipo de energías. En 2017 interpusieron un procedimiento de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, bajo el amparo del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Inicialmente reclamaban una compensación de 55,9 millones de euros.

Tras varios años de litigio, el tribunal arbitró a favor de los inversores, condenando a España a pagar 23,9 millones más intereses de demora y costas, elevando la cuantía total a más de 27 millones. Los demandantes estuvieron asesorados por los despachos Gómez-Acebo & Pombo y King & Spalding, mientras que la defensa española corrió a cargo de la Abogacía del Estado.

Este caso difiere de otros similares porque España no ha solicitado la anulación del laudo, lo que ha permitido a los demandantes recurrir directamente a la justicia estadounidense para su ejecución. En concreto, han presentado una demanda ante la Corte para el Distrito de Columbia, tribunal que en el último año ha validado varias sentencias que condenan a España a pagar cerca de 690 millones.

La acumulación de estos laudos arbitrales sigue creciendo, con 28 resoluciones adversas para España hasta la fecha. La suma global de las indemnizaciones y costes derivados supera los 2.300 millones de euros. Además, cada vez son más los inversores que buscan la ejecución de estos pagos en jurisdicciones extranjeras como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica, donde los tribunales han confirmado la validez de las condenas y autorizado embargos de activos españoles.

Un caso especial es el del fondo Blasket, destacado acreedor que ha focalizado su estrategia en el Mundial de fútbol que se celebra en Estados Unidos. Este fondo busca embargar flujos comerciales vinculados a la participación de la selección española, como pagos de patrocinadores, reservas hoteleras, contratos logísticos e incluso la sede de entrenamiento en Chattanooga, Tennessee.

Fuentes cercanas a estos acreedores indican que el Gobierno español habría rechazado recientemente una propuesta para suspender estas acciones de embargo durante el Mundial a cambio de depositar una fianza en los tribunales estadounidenses y abrir negociaciones para resolver el conflicto.

Esta situación pone en evidencia las complicaciones que enfrenta España tras las reformas en el sector renovable y el impacto económico que generan los conflictos internacionales con inversores extranjeros. La tensión jurídica y financiera aún está lejos de resolverse, y la presión sobre las finanzas públicas incrementa a medida que se acumulan más casos en tribunales extranjeros.

Para más detalles sobre las sentencias y el contexto legal, puede consultarse el informe del Ciadi, así como los informes de seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y del Banco de España.

El debate sobre la gestión y regulación de las renovables sigue abierto y desvela un escenario complejo para la inversión internacional, con consecuencias que afectan directamente a la reputación y economía española en mercados globales.