La Comisión Europea ha descartado incluir en su paquete de medidas contra la crisis energética la recomendación de un día semanal de teletrabajo obligatorio para los trabajadores de la UE. La propuesta figuraba en varios borradores previos del documento, pero las reticencias internas y las dudas sobre su aplicación legal llevaron a los comisarios a eliminarla antes de la versión definitiva, aprobada este miércoles. El texto fue presentado por la presidenta Ursula von der Leyen en el Consejo Europeo informal celebrado en Chipre.
La medida no llegó a prosperar por dos razones principales. Por un lado, dentro del Ejecutivo comunitario había malestar con el término "obligatorio", que generaba resistencias políticas. Por otro, resultaba complicado recomendar una solución de ese tipo con carácter general para todos los sectores económicos, muchos de los cuales no pueden desarrollarse en remoto. Fuentes consultadas también apuntaron a posibles obstáculos legales para su implantación a escala europea.
Un paquete de mínimos con una pieza ambiciosa
El resultado final del plan energético, en el que la Comisión Europea llevaba más de un mes trabajando, es un conjunto de recomendaciones y medidas de coordinación. La iniciativa más relevante desde el punto de vista regulatorio es la flexibilización de las normas de ayudas de Estado, una competencia que recae sobre la vicepresidenta española Teresa Ribera. El Ejecutivo comunitario describe estas medidas como "oportunas, específicas y temporales", un marco deliberadamente acotado para no quemar todas las municiones en una primera respuesta.
Esta cautela obedece también a una comparación con crisis anteriores. Desde Bruselas recuerdan que la situación actual dista mucho de la vivida en 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó el precio del gas natural por encima de los 300 euros por kilovatio hora. Ahora el mercado cotiza en torno a los 40 euros. Pese a ello, la Comisión advierte de que el impacto acumulado de la crisis actual ya ha supuesto una factura adicional de 24.000 millones de euros para los europeos, según sus propios cálculos.
Hay otro factor que complica la comparación con 2022: esta vez la crisis tiene carácter global, no exclusivamente europeo. Entonces, el problema afectaba sobre todo al continente porque Rusia era su principal proveedor de gas y un gran suministrador de petróleo. Ahora la disrupción en el estrecho de Ormuz repercute en los mercados mundiales de materias primas. Además, aunque el bloqueo se levantara de inmediato, los expertos estiman que la normalización plena tardaría entre dos y tres meses: los cargueros retenidos necesitan tiempo para llegar a destino, las infraestructuras dañadas deben repararse y los pozos de extracción no se reactivan de forma instantánea.
Aviación, reservas y 'windfall profits'
Uno de los sectores más expuestos es la aviación. Los aeropuertos europeos han advertido de posibles problemas de suministro de queroseno, y la Comisión ha respondido anunciando un análisis exhaustivo de la capacidad de refino en Europa y una evaluación de sus necesidades. Paralelamente, el documento pide coordinación entre los países miembros a la hora de reponer las reservas de gas, para no presionar al alza los precios con una demanda simultánea, y también para liberar el petróleo almacenado de forma ordenada.
El paquete también aborda las ganancias extraordinarias que están registrando las empresas energéticas al calor del alza de precios. El texto señala que "los Estados miembros pueden tomar medidas sobre los beneficios caídos del cielo para garantizar la equidad social", y Ribera ha indicado que está dispuesta a colaborar con los países que quieran desarrollar ese tipo de gravámenes. Sin embargo, no habrá un mecanismo común europeo para hacerlo. España, Alemania, Italia, Portugal y Austria habían pedido un marco comunitario conjunto, pero la vicepresidenta fue clara: un impuesto común requiere unanimidad y las visiones entre los Veintisiete son demasiado divergentes para alcanzarla.
El Pacto Verde, como eje de la respuesta
Tanto Ribera como el comisario de Energía, el danés Dan Jørgensen, han aprovechado la coyuntura para reivindicar la transición energética como la respuesta estructural a este tipo de crisis. "No hay alternativa al Pacto Verde en lo que respecta a la seguridad y la competitividad", afirmó la española. Jørgensen fue en la misma dirección: "Europa se enfrenta a una nueva crisis de las energías fósiles. Debe servirnos de punto de inflexión para avanzar hacia la autonomía energética limpia".
Ambos forman parte de la familia socialdemócrata que defiende el Pacto Verde Europeo y se opone a debilitarlo ante las turbulencias geopolíticas provocadas, entre otros factores, por las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. La propia Von der Leyen, de perfil conservador, ha repetido en varias ocasiones desde el inicio del conflicto que la crisis demuestra que Europa debe apostar por fuentes de energía propias que refuercen su autonomía, señalando expresamente a las renovables y a la energía nuclear como las dos vías que, además de reducir la dependencia exterior, contribuyen a la descarbonización de la economía.