La Comisión Europea prepara un paquete de recomendaciones para que los países miembros reduzcan su consumo de combustibles fósiles y amortigüen el impacto del alza de los precios energéticos. Entre las medidas más concretas figura la reducción del IVA aplicado a bombas de calor, calderas y paneles solares, así como mayores subvenciones al transporte público y el fomento del teletrabajo al menos un día a la semana en las empresas donde sea viable. El documento, al que tuvo acceso el Financial Times, todavía no es público, pero Bruselas prevé enviarlo próximamente a los Estados miembros.
El contexto en el que surge esta iniciativa no es nuevo: la Unión Europea ya activó medidas similares durante la crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ahora, con las tensiones en Oriente Próximo presionando de nuevo los mercados de la energía, Bruselas recupera ese manual de emergencia y lo amplía. La lógica de fondo es la misma: reducir la demanda de gas y petróleo, mejorar la eficiencia energética de los hogares y la industria, y acelerar la transición hacia fuentes limpias.
Las recomendaciones tienen un alcance amplio. Por un lado, se plantea que las empresas garanticen al menos una jornada semanal de teletrabajo cuando la naturaleza del puesto lo permita, una medida que ya demostró su eficacia para reducir el consumo de carburante en los desplazamientos. Por otro, se propone incrementar las ayudas directas al transporte público para incentivar que más ciudadanos opten por el autobús o el metro frente al coche privado. Ambas medidas buscan reducir la huella energética del día a día sin necesidad de grandes inversiones en infraestructuras.
En paralelo, la Comisión quiere facilitar la adopción de tecnologías limpias en los hogares. Rebajar el IVA de bombas de calor, calderas de alta eficiencia y paneles solares reduciría directamente el coste de instalación para los ciudadanos, uno de los principales frenos a la hora de acometer una reforma energética en casa. Además, Bruselas tiene previsto ayudar a los Estados miembros a desarrollar planes de arrendamiento social para este tipo de tecnologías —incluyendo coches eléctricos y baterías de almacenamiento a pequeña escala—, lo que permitiría acceder a ellas sin necesidad de desembolsar el precio completo de compra.
Medidas legislativas que sí serán vinculantes
Aunque la mayor parte del paquete son recomendaciones sin carácter obligatorio, la Comisión también tiene previsto presentar dos proyectos de ley concretos. El primero ajustaría las reglas del mercado eléctrico para reducir el coste del transporte de electricidad, incluyendo el seguimiento de la rentabilidad de los operadores de red y recomendaciones sobre las tarifas aplicadas a la industria de alto consumo. El segundo modificaría una directiva existente para garantizar que la electricidad tribute siempre por debajo de los niveles impositivos aplicados a los combustibles fósiles, una asimetría que hoy penaliza la electrificación frente al gas o el diésel.
Esta segunda medida tiene historia. Una propuesta más ambiciosa en la misma dirección fue descartada en 2025, pero los funcionarios comunitarios confían en que la nueva crisis energética reactive el debate político y allane el camino para su aprobación. El documento contempla además que los Estados miembros puedan aplicar un tipo cero en los impuestos sobre electricidad para industrias de consumo intensivo, lo que daría margen a los Gobiernos para aliviar la presión sobre sectores como el siderúrgico, el químico o el cementero.
Sin impuesto extraordinario a nivel europeo
Uno de los puntos más delicados del documento es lo que no incluye: un impuesto extraordinario a nivel europeo sobre los beneficios de las empresas energéticas. Algunos países lo han pedido explícitamente, pero Bruselas ha descartado esta opción por ahora. Lo que sí hará la Comisión es ayudar a los Estados miembros a diseñar sus propios planes de limitación de precios y apoyo a los ingresos, y a evaluar los gravámenes extraordinarios que quieran aplicar a escala nacional, sin imponer un modelo único desde arriba.
La postura de Bruselas queda bien resumida en las palabras de un funcionario de la Comisión Europea recogidas en el borrador: "Si nos enfrentamos a la escasez de energía, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que los ciudadanos sepan qué pueden hacer para reducir su consumo. No estamos microgestionando la vida de las personas". El tono revela la tensión habitual entre la voluntad de actuar y el respeto a la soberanía de cada Estado en materia fiscal y energética. Lo que está por ver es cuántos países adoptarán estas recomendaciones y con qué grado de ambición.