La Comisión Europea no incluirá en su nuevo plan de respuesta a la crisis energética un mecanismo comunitario para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías del sector derivados del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Así lo revelan los borradores del paquete de medidas que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen tiene previsto presentar esta semana, antes de la cumbre europea en Chipre donde se reunirán los líderes de los 27 estados miembros.

El estrecho de Ormuz era el paso de tránsito del 20% del gas natural licuado y el petróleo destinados al consumo mundial antes de que el conflicto desatara la incertidumbre sobre el suministro. La escalada de tensión en Oriente Próximo ha empujado al alza los precios de la energía, trasladando ese coste adicional tanto a los ciudadanos como a las arcas públicas de los distintos países de la UE.

La presión de cinco países y el antecedente de 2022

España, Alemania, Italia, Austria y Portugal enviaron una carta conjunta al Ejecutivo comunitario reclamando un marco legal sólido para gravar esas ganancias inesperadas. Los ministros de Economía de estos países argumentan que la situación actual presenta paralelismos con la crisis energética de 2022, cuando la Unión Europea aprobó una contribución solidaria temporal sobre los beneficios de empresas del petróleo, el gas, el carbón y la refinería para los ejercicios de 2023 y 2024. El Consejo de la UE respaldó aquella medida en tiempo récord, apenas un mes después de que la Comisión la pusiera sobre la mesa en septiembre de ese año.

Ahora, sin embargo, el escenario es diferente. La respuesta de Bruselas se limita a recordar que los estados que quieran adoptar ese tipo de tributo pueden hacerlo dentro de sus competencias nacionales. Algo que, como admiten en el propio entorno comunitario, no va más allá de lo que ya era evidente dado que la fiscalidad es, en su mayor parte, competencia exclusiva de cada estado miembro.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, dejó clara esa postura hace menos de dos semanas ante el Parlamento Europeo al señalar que nada impide a los gobiernos nacionales adoptar esta medida de forma unilateral. El comisario de Clima, Wopke Hoekstra, fue incluso más explícito al apuntar que los primeros análisis internos indican que replicar el mecanismo de 2022 plantea dificultades legales considerables.

Qué sí incluye el plan de Bruselas

El paquete de medidas que prepara Von der Leyen contempla otro tipo de actuaciones de carácter más operativo. Entre ellas figuran la implantación de teletrabajo obligatorio al menos un día a la semana para reducir el consumo energético en transporte, el cierre parcial de edificios públicos, la restricción de viajes corporativos en avión y el refuerzo de la financiación al transporte público. El plan también prevé fijar un objetivo de electrificación y ampliar los márgenes de las ayudas de estado para los sectores del transporte y el agrícola, que son los más expuestos al encarecimiento de la energía.

Sin embargo, los cinco países firmantes de la carta consideran que ese conjunto de medidas no está a la altura de la situación. Desde Madrid, Berlín, Roma, Viena y Lisboa se insiste en que una herramienta tributaria coordinada a escala europea tendría además un efecto simbólico relevante: trasladar a la ciudadanía que el coste de la crisis no recae solo sobre los consumidores sino también sobre quienes están obteniendo rentas extraordinarias gracias a la volatilidad del mercado.

¿Por qué Bruselas frena?

Las razones que se escuchan en los pasillos comunitarios son varias. Por un lado, la Comisión recuerda que la situación actual difiere de la de 2022 en un aspecto fundamental: entonces existía un riesgo real de falta de suministro de gas, lo que justificaba una respuesta de emergencia acelerada. Ahora, aunque los precios han subido, no se ha producido todavía un desabastecimiento comparable. Por otro lado, Dombrovskis ha advertido que el margen fiscal de los gobiernos nacionales es limitado, lo que condiciona el alcance de cualquier intervención.

A ello se suma que el propio Consejo Europeo, en sus conclusiones del pasado 19 de marzo, ya solicitó a la Comisión que presentara sus recomendaciones, y la respuesta lleva acumulado más de un mes de retraso. Ese ritmo contrasta con la velocidad a la que se movió la institución en 2022 y alimenta la impaciencia de algunos sectores del Parlamento Europeo, como el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, que defiende públicamente que el tributo se diseñe de forma que recaiga específicamente sobre los combustibles fósiles y no sobre el conjunto del sector energético.

La Comisión Europea tiene ahora sobre la mesa una decisión política de fondo: si actúa como árbitro que recuerda las competencias nacionales o si, como ocurrió en 2022, asume un rol más activo y propone una herramienta común. Por el momento, todos los indicios apuntan a la primera opción.