El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 387/2026, que oficializa la Oferta de Empleo Público (OEP) para este año con un total de 27.232 plazas para la Administración General del Estado (AGE) y organismos vinculados.
Esta convocatoria, aprobada recientemente por el Gobierno, prioriza la creación de empleo neto, un enfoque estratégico en la lucha contra emergencias climáticas y un impulso del 40% en plazas dedicadas al talento digital. Además, se busca eliminar la obligatoriedad de la cita previa en oficinas públicas para agilizar la atención ciudadana y modernizar la administración.
La OEP contempla un calendario estricto: todas las convocatorias serán publicadas durante 2026 y los procesos selectivos deberán culminar en un plazo máximo de dos años. Este marco busca acelerar las oposiciones y reducir los tiempos de espera, que en su mayoría ya se han reducido a menos de 12 meses gracias a reformas iniciadas en 2022.
La oferta se distribuye en 21.799 plazas para la AGE (19.051 para función pública y 2.748 para personal laboral), sumando además 494 plazas para entes públicos, 3.195 para la Administración de Justicia, 1.231 para personal estatutario sanitario, y otras destinadas a Educación, Administración Local y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros. Incorporando las plazas ya convocadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (9.785), la oferta total asciende a 37.017 puestos.
La OEP se divide entre 16.527 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 1.560 están reservadas para personas con discapacidad, y 4.926 para promoción interna. Asimismo, hay convocatorias extraordinarias con 346 plazas enfocadas en infraestructuras hidráulicas y predicción meteorológica, en respuesta a recientes daños por las tormentas en Andalucía y Extremadura.
El documento oficial señala que la Administración continúa su apuesta por la lucha contra el cambio climático y la transformación digital. Los sectores relacionados con la tecnología incrementan sus plazas en un 40%, para reforzar la implantación de la inteligencia artificial y la digitalización en la AGE.
Además, se refuerza la atención directa al público con la consolidación de plazas en la Seguridad Social, buscando eliminar progresivamente la cita previa obligatoria en más de 3.200 oficinas a nivel estatal.
En sanidad, se ofrece una "oferta récord" con la finalidad de reducir la temporalidad por debajo del 8%, en línea con la Ley 20/2021. Se habilitan 600 plazas extraordinarias para INGESA y la Red Hospitalaria de la Defensa, duplicando la cifra del año anterior.
Por sectores, destaca el aumento del 20% en Economía y Comercio para afrontar la incertidumbre geoeconómica, la duplicación de plazas en Seguridad Ferroviaria, un crecimiento del 20% en Infraestructuras y Obras Públicas para personal de mantenimiento y vigilancia, y aumentos superiores al 15% en Defensa y Seguridad, especialmente en capacidades militares, ciberdefensa y seguridad ciudadana. En Educación, hay una convocatoria histórica para catedráticos de secundaria en Ceuta y Melilla.
El Real Decreto también impulsa la modernización de los procesos selectivos. Se reserva un 30% de las plazas para promoción interna y se reformulan los exámenes para que sean más ágiles, prácticos y con un máximo de tres pruebas. Los plazos entre ejercicios no podrán superar los 45 días naturales para evitar retrasos.
Se establecen además garantías para colectivos específicos: las aspirantes en situación de embarazo o parto podrán aplazar las pruebas sin perder derechos, y se implementa la reserva de nota para quienes superen al menos el 50% de los ejercicios, especialmente para personas con discapacidad. También se aplican baremos diferenciados en pruebas físicas para garantizar la igualdad efectiva entre sexos.
Para facilitar el acceso desde cualquier punto de España, se autoriza la descentralización de exámenes y la utilización de medios audiovisuales o telemáticos. Por primera vez, las convocatorias incluirán previsiones orientativas de las provincias donde se ofertarán las plazas, especialmente para cuerpos vinculados al medio ambiente en zonas afectadas por temporales como Andalucía y Extremadura.
El BOE también incorpora medidas para mejorar la calidad y transparencia. En caso de que un cuerpo no cubra al menos el 75% de las plazas, se exigirá un diagnóstico para adaptar las pruebas a los currículos universitarios y eliminar temarios redundantes. En el ámbito tecnológico y de ingeniería, esta revisión será obligatoria en todos los casos.
Asimismo, los miembros de los tribunales serán sometidos a un régimen de incompatibilidades para garantizar su imparcialidad, excluyendo a altos cargos, personal eventual, interinos y quienes hayan preparado opositores en los últimos cinco años. Las plantillas correctoras de exámenes tipo test deben publicarse en máximo dos días hábiles, junto a criterios y penalizaciones previamente divulgados.
Esta OEP 2026 reafirma la voluntad del Gobierno de modernizar la función pública con un fuerte compromiso en frentes estratégicos como el medio ambiente y la digitalización, además de avanzar en la reducción de la temporalidad y la mejora en la atención ciudadana, en un contexto de reajuste y rejuvenecimiento de las plantillas que ya ha reducido la edad media del empleado público a 49 años.
Para más detalles, se puede consultar el Real Decreto 387/2026 en la web oficial del BOE, así como los comunicados del Ministerio de Hacienda y Función Pública.