El absentismo laboral en España continúa en aumento, especialmente en la Administración pública. Según datos recientes, las bajas en empleados públicos alcanzan 43 ausencias por cada mil trabajadores al mes, un 12,5% más que en el sector privado, donde la media se sitúa en 38.
Este desequilibrio supone un gasto significativo para las arcas públicas. En 2025, la Seguridad Social destinó cerca de 18.400 millones de euros al pago de salarios durante procesos de baja, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Además, las empresas deben asumir costes adicionales para cubrir estos días de ausencia, lo que impacta en la organización y los presupuestos de las plantillas.
La escalada de bajas laborales no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también limita la productividad en el conjunto de la economía española. Actualmente, el absentismo provoca que el 7,2% de las horas pactadas en convenios colectivos no se cumplan, siendo la principal causa de la pérdida productiva. En términos prácticos, esto significa que aproximadamente 1,6 millones de trabajadores faltan diariamente a su empleo.
Este problema, cuya intensificación se refleja en la duplicación de procesos de incapacidad temporal desde 2018, exige una respuesta urgente por parte del Gobierno. Sin embargo, los esfuerzos para abordarlo siguen siendo insuficientes, con debates y observatorios que no consiguen frenar la tendencia creciente.
Los expertos atribuyen parte del problema a factores estructurales ajenos a las empresas o empleados. El envejecimiento progresivo de las plantillas, la saturación del sistema sanitario público —que retrasa la tramitación de altas médicas— y las deficiencias en los mecanismos de control para evitar fraudes figuran entre las causas señaladas, incluyendo denuncias de la propia AIReF.
Asimismo, José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, ha apuntado a una gestión fragmentada entre las diferentes administraciones públicas como otro elemento que dificulta la correcta gestión de las bajas. Las patronales insisten en que esta situación pone en riesgo la viabilidad de muchas pymes, especialmente en un contexto de márgenes reducidos y presión tributaria creciente, donde la ausencia prolongada de un trabajador puede suponer un problema grave.
Contrariamente a lo que ocurre con los trabajadores asalariados, el colectivo de autónomos muestra cifras de absentismo mucho más bajas: alrededor de 10 procesos de baja por cada mil profesionales al mes, con una tendencia a la baja en los últimos años. Aunque las bajas de autónomos suelen durar más tiempo, la frecuencia reducida invita a reflexionar sobre posibles abusos en la solicitud de bajas entre los asalariados.
Este contraste también podría estar influido por las peculiaridades fiscales y laborales del trabajo por cuenta propia, que ha experimentado cambios sustanciales tras la pandemia, con una reducción progresiva del número de autónomos debido a la nueva estructura de cotizaciones establecida por el Ministerio de Seguridad Social.
En definitiva, el absentismo laboral en España representa un desafío importante tanto para las finanzas públicas como para la productividad empresarial. La ausencia de políticas efectivas para controlar y reducir esta tendencia tendrá consecuencias económicas y sociales que afectarán a todo el país.
Más información sobre las cifras de la AIReF y el análisis del Banco de España puede consultarse en sus respectivos portales oficiales para profundizar en el impacto del absentismo laboral.