El 24 de enero de 2023 supuso un punto de inflexión en la gestión pública española del transporte ferroviario. Fue el día en que EL COMERCIO, a través del periodista Ramón Muñiz, destapó un error mayúsculo: los 31 trenes de ancho métrico encargados en 2020 por Renfe para Asturias y Cantabria no podían circular en la red regional. El motivo era un error grave en la definición de las dimensiones permitidas, los llamados gálibos, que dejó los trenes demasiado grandes para los túneles existentes.
Este fallo técnico se sintetizó en un escándalo nacional que provocó la destitución de altos cargos en Renfe y en la Secretaría de Estado de Transportes. El 20 de febrero de 2023, apenas un mes después, se firmaron los llamados "Acuerdos de la Castellana", un compromiso público que aseguraba que el coste para las arcas públicas sería cero y que se activarían compensaciones sociales para los afectados. Sin embargo, datos recientes revelan que el coste final ha sido muy superior a lo inicialmente previsto.
El Tribunal de Cuentas ha emitido el Informe de Fiscalización N.º 1.680 que desmonta aquella promesa oficial. Según el documento, identifican sobrecostes que superan los 20 millones de euros vinculados principalmente a la necesidad de modificar los trenes o realizar adaptaciones a las infraestructuras para poder operar con la nueva flota. Esto supone un desafío fiscal y de gestión que no había sido reconocido previamente.
El encargo inicial contemplaba la renovación de trenes de la antigua Feve, cuya flota estaba obsoleta tras décadas de uso. Asturias y Cantabria necesitaban con urgencia unidades más modernas y eficientes para garantizar un servicio de transporte regional digno y competitivo. Sin embargo, la planificación fallida evidenció un déficit de coordinación entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes, poniendo en relieve las debilidades del proceso de contratación pública y la supervisión técnica.
CAF fue la empresa encargada de fabricar los trenes, ajustando sus diseños en función de los criterios indicados en los pliegos. El error en los gálibos provocó que la compra no cumpliera con las características esenciales para operar en la red ferroviaria regional, generando pérdidas económicas y retrasos en la puesta en marcha del servicio renovado.
La implicación de la Unión Europea también es relevante. Gran parte del financiamiento para este tipo de proyectos proviene de fondos comunitarios destinados a mejorar la sostenibilidad y eficiencia del transporte público en regiones despobladas o con retos geográficos como Asturias. El sobrecoste descubierto plantea dudas sobre la correcta gestión y justificación de estos recursos, y podría llevar a reclamaciones o auditorías adicionales.
Esta tragedia empresarial y administrativa no solo afecta las cuentas públicas sino también la percepción ciudadana acerca de la capacidad de las instituciones para gestionar proyectos estratégicos con transparencia y eficacia. Personas usuarias del tren en Asturias y Cantabria han visto cómo la renovación de servicios prometida se ha demorado sustancialmente, generando molestias y desconfianza.
El contexto del ferrocarril en Asturias es especialmente complejo por la orografía y la herencia histórica. La antigua red de Feve contaba con infraestructuras estrechas y limitaciones técnicas heredadas que requerían una adaptación muy precisa para cualquier nueva inversión en material móvil. El error en los pliegos refleja un fallo crítico en la planificación que debería ser objeto de análisis y corrección para futuros proyectos en toda España.
Por último, el informe del Tribunal de Cuentas reclama una revisión exhaustiva de los procesos de contratación y supervisión en Renfe y Adif, además de un refuerzo en los mecanismos de control interno. Con una inversión pública tan importante en juego, la transparencia y la eficiencia aparecen como las herramientas indispensables para evitar que este tipo de fiascos se repitan.
En definitiva, la factura invisible del fiasco de los trenes en Asturias asciende a decenas de millones con un impacto económico, técnico y social que todavía está por resolver completamente. La experiencia deja una lección clara sobre la necesidad de coordinación y riguroso control técnico en la gestión pública del ferrocarril.
Fuentes como El Comercio han seguido de cerca este asunto desde sus inicios, mientras que el informe oficial del Tribunal de Cuentas ofrece el análisis pormenorizado de las irregularidades y sus consecuencias. Además, la Administración del Principado de Asturias ha mostrado interés en corregir deficiencias y garantizar un mejor servicio ferroviario para sus ciudadanos.