Un antiguo alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró el martes que recibió "una presión constante" desde la oficina del primer ministro Keir Starmer para acelerar los trámites que debían culminar con el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. El testimonio, recogido por Reuters, añade un nuevo frente a una controversia que ya estaba causando malestar dentro del propio Gobierno laborista.

El exfuncionario, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, explicó que las gestiones para formalizar la candidatura de Mandelson siguieron un ritmo inusualmente rápido para los estándares habituales del servicio diplomático británico. Según su relato, la presión procedía directamente del entorno del primer ministro y no de los cauces ordinarios del Ministerio de Exteriores, lo que habría generado tensión interna entre el personal del departamento.

Peter Mandelson es una figura veterana de la política laborista británica. Fue comisario europeo de Comercio entre 2004 y 2008 y ocupó varios ministerios durante los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. Su designación para la embajada en Washington, anunciada a finales de 2024, fue recibida con cierta sorpresa dado su perfil controvertido, pero el Gobierno de Starmer la defendió argumentando que su experiencia en negociaciones comerciales internacionales lo convertía en un interlocutor idóneo en un momento de alta tensión arancelaria entre el Reino Unido y Estados Unidos.

La polémica no es nueva. Desde que se confirmó el nombramiento, varios sectores dentro y fuera del Partido Laborista cuestionaron tanto el proceso de selección como la idoneidad de Mandelson para el cargo. Las dudas se centraron en si el Gobierno había respetado los procedimientos establecidos para la designación de embajadores, que en el Reino Unido requieren habitualmente un proceso de evaluación interno coordinado por el Foreign, Commonwealth and Development Office, conocido como FCDO.

El testimonio del exfuncionario apunta precisamente a que esos procedimientos habrían sido objeto de presión externa. En el sistema diplomático británico, la aceleración de nombramientos por indicación directa del número 10 de Downing Street no es en sí misma ilegal, pero puede interpretarse como una interferencia política en la gestión técnica de la diplomacia, algo que suele generar críticas desde la oposición y desde el propio cuerpo funcionarial.

El contexto internacional en el que se produce esta designación añade peso político al asunto. Las relaciones comerciales entre Londres y Washington atraviesan un periodo de incertidumbre, especialmente tras la escalada arancelaria impulsada por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca a principios de 2025. En ese escenario, contar con un embajador con influencia y capacidad negociadora resulta una prioridad para el Gobierno británico, lo que podría explicar —aunque no necesariamente justificar— la urgencia con la que se habría tramitado el nombramiento según el testimonio conocido.

El Partido Conservador y otras fuerzas de la oposición ya han pedido explicaciones al Gobierno sobre el proceso seguido. Desde Downing Street no hubo una respuesta pública inmediata a las últimas declaraciones, aunque en semanas anteriores fuentes del entorno de Starmer habían defendido que el nombramiento se ajustó a los procedimientos habituales. Las nuevas revelaciones dificultan mantener esa posición sin ofrecer más detalles sobre cómo se gestionó internamente la designación.

Más allá de las implicaciones políticas inmediatas para Starmer, el episodio reabre el debate sobre los límites entre la dirección política de un gobierno y la autonomía del servicio civil y diplomático en el Reino Unido. Este tipo de tensiones no son nuevas en la política británica, pero adquieren mayor visibilidad cuando involucran a figuras tan reconocibles como Mandelson y cuando se producen en un momento en que el laborismo intenta consolidar su imagen de gobierno ordenado tras años de convulsión política.