Las familias con hijos menores que hayan pasado por un divorcio ya no tendrán que entregar copias íntegras de sus sentencias ni de sus convenios reguladores cuando necesiten acreditar quién puede recoger a los niños en el colegio o en un centro sanitario. El Consejo General del Poder Judicial aprobó una directiva que cambia de raíz una práctica que, aunque extendida, exponía información altamente sensible de miles de familias españolas cada año.
Hasta ahora, cuando uno de los progenitores quería acreditar ante un colegio, un club deportivo o una consulta médica los términos de la custodia compartida o las restricciones de visitas, la única forma era presentar el documento judicial completo. Eso significaba que personal administrativo ajeno al proceso judicial accedía a detalles sobre el patrimonio de la familia, los motivos del divorcio, los acuerdos económicos entre las partes o incluso situaciones de conflicto personal. Datos que, en la mayoría de los casos, no tenían ninguna relevancia para el propósito concreto de la gestión.
Qué cambia con los nuevos certificados
La solución que ha diseñado el CGPJ, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, consiste en crear unos certificados específicos que expiden los propios tribunales. Estos documentos recogen únicamente la información estrictamente necesaria para el trámite que se va a realizar: quién tiene la custodia, en qué períodos puede recoger al menor cada progenitor y si existe alguna restricción judicial al respecto. Nada más.
De esta forma, el colegio o el centro de salud obtiene la información que necesita para actuar correctamente, pero no accede al resto del contenido del convenio regulador, que puede incluir detalles patrimoniales, acuerdos sobre la vivienda familiar, pensiones alimenticias o cualquier otro aspecto de la vida privada de los adultos implicados. La medida aplica el principio de minimización de datos, uno de los pilares del Reglamento General de Protección de Datos europeo, al ámbito de las resoluciones judiciales en materia de familia.
Por qué esta práctica era un problema
El problema de fondo no era nuevo. Organizaciones de defensa de la privacidad y colectivos de familias separadas llevaban tiempo señalando que la exigencia de entregar sentencias completas suponía una vulneración innecesaria de la intimidad. En la práctica, el documento podía quedar archivado en un cajón de la secretaría de un colegio, ser visto por distintos empleados a lo largo del tiempo o incluso perderse o ser objeto de un acceso no autorizado.
Además, la situación generaba una asimetría incómoda: mientras que otros documentos personales, como los certificados médicos o los informes de servicios sociales, sí contemplan formatos resumidos o específicos para distintos usos, la documentación judicial de divorcio carecía de ese estándar. Cualquier trámite relacionado con la custodia obligaba a abrir por completo el expediente privado de la familia.
Esta realidad afectaba de forma especial a los casos en que había conflicto entre los progenitores. Cuando uno de ellos prefería que el colegio no supiera ciertos detalles del proceso de separación, se enfrentaba a una disyuntiva: o entregaba el documento completo o no podía acreditar sus derechos sobre el menor ante el centro. Una trampa que la nueva directiva pretende desactivar.
Una medida con impacto directo en el día a día
El alcance práctico de esta decisión es considerable. En España, según los datos disponibles sobre estadísticas judiciales, cada año se tramitan decenas de miles de procedimientos de divorcio y separación con hijos menores. Muchos de esos casos implican acudir repetidamente a colegios, centros de salud, actividades extraescolares o cualquier entidad que gestione el tiempo del menor y necesite saber quién está autorizado a estar con él.
Con el nuevo sistema, los tribunales serán los encargados de expedir esos certificados específicos, lo que también añade una capa de autenticidad y seguridad jurídica. Las entidades receptoras podrán confiar en que el documento es válido y actualizado, algo que con las fotocopias de sentencias no siempre estaba garantizado, especialmente en casos donde la situación de custodia había cambiado por resoluciones posteriores.
La iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por modernizar la relación entre la administración de justicia y los ciudadanos, reduciendo las cargas burocráticas innecesarias y adaptando los procedimientos a los estándares actuales de protección de datos. La colaboración entre el CGPJ y la Agencia Española de Protección de Datos en este proyecto refleja una tendencia hacia la coordinación entre organismos para resolver problemas que, aunque parecen menores, afectan a la vida cotidiana de muchas personas.