El Tribunal Supremo ha rechazado suspender las ayudas públicas de 3.002 millones de euros concedidas a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para financiar dos grandes contratos de artillería del Ejército español. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que no se dan los requisitos necesarios para aplicar una medida cautelar, en un auto que se conoció este lunes y que supone un nuevo revés para Santa Bárbara, la filial española de la estadounidense General Dynamics.
Los contratos en disputa forman parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM) que el Gobierno puso en marcha para impulsar el gasto en defensa hasta el equivalente al 2% del PIB. En total, los dos programas de artillería —obuses autopropulsados sobre ruedas y sobre cadenas— suman un valor de 7.240 millones de euros. Para financiar los trabajos previos, el Ejecutivo aprobó mediante Real Decreto préstamos al 0% de interés por valor de 3.002 millones a la UTE liderada por Indra.
Santa Bárbara solicitó la nulidad de esos préstamos y la suspensión de todos los procedimientos administrativos derivados de su concesión, argumentando que el proceso de adjudicación no se había tramitado de forma correcta. En su recurso, la empresa denunció que ni siquiera fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que gestionó el Ministerio de Defensa para adjudicar los citados contratos. Desde su punto de vista, esa exclusión vulneró principios básicos de competencia y transparencia en la contratación pública.
Sin embargo, el Supremo no aprecia urgencia ni perjuicio suficiente para justificar la medida cautelar. El tribunal argumentó que los daños alegados por Santa Bárbara "no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale" y que la compañía no ha acreditado que la ejecución del Real Decreto le pueda causar perjuicios inminentes ni de difícil reparación. En términos procesales, esos son precisamente los dos requisitos indispensables para que un tribunal acceda a paralizar cautelarmente un acto administrativo.
La batalla judicial continúa en la Audiencia Nacional
Este auto se produce solo unos días después de que el Ministerio de Defensa rechazara el recurso de alzada que Santa Bárbara había presentado contra la adjudicación de los contratos. Ese recurso era el paso administrativo previo y obligatorio antes de acudir a la vía judicial ordinaria. Agotada esa vía, la empresa ya ha anunciado que trasladará su impugnación a la Audiencia Nacional, donde el fondo del asunto —es decir, si la adjudicación fue o no legal— todavía está por resolver.
El Gobierno justificó en su momento la decisión de otorgar los contratos a Indra y EM&E sin concurrencia pública por razones de "seguridad nacional" y por una supuesta "falta de competencia" en este ámbito. Esa respuesta la ofreció el Ejecutivo ante una pregunta parlamentaria del grupo Vox en el Congreso. Santa Bárbara, por su parte, había preparado su candidatura en torno al obús Némesis, un sistema que presentó junto a su socio KNDS en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) celebrada en Madrid el año pasado.
El reparto de los PEM y el papel de otras empresas
La exclusión de Santa Bárbara de los contratos de artillería no significa que la empresa haya quedado fuera de los PEM por completo. El año pasado logró adjudicarse la modernización de los blindados Pizarro, aunque se trata de un contrato de menor envergadura económica. Indra, en cambio, acumuló una posición dominante dentro del reparto: además de los obuses, también se quedó con los contratos de vehículos lanzapuentes y blindados anfibios para la Infantería de Marina, también en UTE con EM&E.
La cautelar pedida por Santa Bárbara tenía un alcance que iba más allá de los contratos de artillería, ya que solicitaba la suspensión del Real Decreto completo con el que el Gobierno aprobó todos los préstamos vinculados a los PEM. Eso afectaba también a otras empresas beneficiarias como Oesía y Telefónica, que también recibieron financiación en el marco de estos programas. El Supremo también rechazó otra petición llamativa de Santa Bárbara: que se restringiera a Indra, EM&E, Oesía y Telefónica el acceso íntegro a su demanda. El tribunal calificó esa solicitud de "extravagante".
El rechazo de la cautelar no prejuzga el resultado final del litigio, que tendrá que resolverse en cuanto al fondo en la Audiencia Nacional. Lo que sí queda claro tras este auto es que los contratos y las ayudas seguirán ejecutándose con normalidad mientras dure el proceso judicial, lo que supone un respaldo provisional relevante para Indra y EM&E en su posición dentro del sector de defensa terrestre en España.