La primera junta de accionistas de Cirsa como empresa cotizada, prevista para el próximo 22 de abril, llega con turbulencias. ISS, el mayor asesor de voto del mundo para fondos institucionales internacionales, ha recomendado a sus clientes votar en contra de dos puntos del orden del día: la autorización al consejo para ampliar capital sin derechos de suscripción preferente y el informe consultivo de remuneraciones del ejercicio pasado. La posición del llamado proxy advisor pone en el centro del debate las prácticas de gobierno corporativo de la compañía catalana en sus primeros meses de vida bursátil.
En el apartado de la ampliación de capital, ISS objeta que Cirsa se reserve la potestad de emitir nuevas acciones que lleguen a diluir a los accionistas actuales hasta en un 20%, y todo ello sin que estos tengan derecho de compra preferente. El umbral que maneja ISS para este tipo de operaciones es del 10%, es decir, la mitad de lo que solicita Cirsa. Para los fondos accionistas, este margen ampliado supone un riesgo real de dilución significativa sin posibilidad de mantener su participación proporcional en la empresa.
Sueldos en el punto de mira
La otra gran crítica de ISS apunta directamente a la retribución de la cúpula directiva. Según el proxy advisor, el presidente de Cirsa, Joaquim Agut, percibirá un salario fijo de 1,9 millones de euros en 2026, mientras que el consejero delegado, Antonio Hostench, recibirá 0,9 millones como remuneración base. ISS considera que estos niveles son "excesivos a la vista del tamaño de la compañía", una valoración que refleja la comparativa habitual que estos asesores realizan entre el volumen de negocio, la capitalización bursátil y la retribución ejecutiva.
Más allá de las cifras absolutas, ISS también cuestiona la falta de transparencia en la parte variable de la retribución. La empresa no ha facilitado información suficiente sobre los criterios concretos que determinan la concesión de los bonus anuales a sus directivos. Esta opacidad es precisamente uno de los aspectos que los proxy advisors vigilan con más atención, ya que impide a los inversores evaluar si los incentivos están realmente alineados con la creación de valor a largo plazo.
El otro gran asesor de voto internacional, Glass Lewis, también ha tomado posición. En su caso, recomienda votar en contra de la propuesta de reducir a 15 días el plazo mínimo para convocar una junta de accionistas. Esta reducción, que la empresa considera una medida de agilidad operativa, puede interpretarse también como un recorte en el tiempo que tienen los inversores para analizar los asuntos a votar y coordinar su respuesta.
Blackstone manda, pero el debate importa
A pesar de la presión de los asesores de voto, el resultado de la junta no está en cuestión. La gestora de capital riesgo estadounidense Blackstone controla el 78,4% del capital de Cirsa, lo que le garantiza una mayoría cómoda para aprobar todos los puntos del orden del día sin depender de ningún otro accionista. En la práctica, las recomendaciones de ISS y Glass Lewis solo podrían afectar al porcentaje de votos en contra, no al resultado final de las votaciones.
Con todo, las posiciones de estos asesores no son irrelevantes. Las votaciones en contra, aunque minoritarias, quedan registradas públicamente y condicionan la reputación de la empresa ante futuros inversores institucionales. Para Cirsa, que salió a bolsa en julio de 2025 a 15 euros por acción, acumular señales de alerta en materia de gobierno corporativo en sus primeros meses de cotización no es el escenario ideal. A cierre de ayer, el título cotizaba a 13,80 euros, lo que implica una caída de casi un 8% respecto al precio de salida.
A principios de abril, Blackstone ya realizó una colocación acelerada entre inversores institucionales equivalente al 3,6% del capital de Cirsa, recaudando 77,6 millones de euros. Una operación que sirvió para aumentar el free float de la compañía, pero que también indica que el fondo estadounidense va gestionando su salida de forma gradual, como es habitual en sus inversiones de capital riesgo.
El episodio de Cirsa ilustra una tensión recurrente en las empresas que dan el salto a bolsa con un accionista de control dominante: las exigencias de transparencia y gobierno corporativo que impone el mercado no siempre coinciden con los hábitos de gestión forjados durante años como compañía privada. El reto para Cirsa será convencer a los inversores minoritarios —y a sus asesores— de que sus prácticas evolucionan al ritmo que exige ser una empresa pública.