El Gobierno español llevará al Consejo de Ministros del lunes 29 de junio un paquete renovado de medidas económicas para hacer frente a las repercusiones de la guerra en Oriente Próximo. Paralelamente, presentará el cuadro macroeconómico que respaldará los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

Este adelanto en la convocatoria del Consejo de Ministros, que habitualmente se celebra los martes, responde al vencimiento de muchas de las actuales medidas anticrisis el 30 de junio. Según el presidente Pedro Sánchez, la nueva normativa consistirá en un real decreto ley diseñado para proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía española.

En marzo, el Ejecutivo ya impulsó un decreto con ayudas fiscales para contrarrestar el impacto del conflicto, especialmente en los costes energéticos. Algunas de aquellas medidas, como la reducción del IVA de la electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad, se dejaron caer a finales de junio tras observar una mejora en los precios del sector, según datos de Europa Press.

Desde entonces, el Gobierno ha mantenido un seguimiento activo de la situación, reuniéndose con agentes sociales y representantes de sectores más afectados por el ‘shock’ económico, con el objetivo de acordar nuevas acciones. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el decreto estará sujeto a convalidación o derogación por parte del Congreso en un plazo de treinta días.

Pedro Sánchez ha solicitado a los grupos parlamentarios su respaldo a este real decreto-ley y ha expresado la voluntad del Estado de mantener los recursos necesarios para proteger la economía frente a las consecuencias que pueda acarrear la guerra en Irán.

En paralelo, el Ejecutivo ha avanzado en la tramitación de los Presupuestos Generales para 2027, con la publicación de la orden ministerial de Hacienda que inicia el proceso. La presentación del cuadro macroeconómico se realizará en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la influencia del conflicto en la evolución de los precios.

Esta decisión de presentar el cuadro macroeconómico de la mano de las nuevas medidas refleja la necesidad de enmarcar las proyecciones económicas dentro del escenario actual de tensión internacional. Posteriormente, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y la distribución del déficit entre administraciones.

El Gobierno tendrá que aprobar el límite de gasto no financiero y las metas de estabilidad presupuestaria antes de enviar el proyecto al Parlamento. Estas cifras deberán ser ratificadas por el Congreso y el Senado, un paso pendiente en esta legislatura. Tras el verano, se espera la entrega definitiva del proyecto de Presupuestos para 2027.

Entre los socios parlamentarios, el PNV ha instado al Ejecutivo a presentar las cuentas públicas y a convocar elecciones en caso de no lograr su aprobación.

En cuanto a las previsiones, el Gobierno maneja un crecimiento del PIB para 2024 del 2,2%, algo inferior a estimaciones de organismos como el Banco de España que lo sitúan en el 2,3%, o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que calcula hasta un 2,4%. La Comisión Europea también estima un crecimiento del 2,4%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) es más cauteloso, con un pronóstico del 2,1%.

Según el último 'Informe Anual de Progreso' remitido a Bruselas, España mantiene para 2026 una previsión prudente de crecimiento del 2,2%. En materia fiscal, la previsión del déficit público para ese año se ha ajustado a la baja, pasando del 2,1% previsto en noviembre al 1,6% actual, excluyendo gastos extraordinarios.

Además, el Gobierno espera que la ratio de deuda pública se sitúe en el 99,3% para finales de 2026, anticipando la reducción prevista para el final de esta legislatura y rompiendo así la barrera del 100% antes de lo inicialmente previsto.

Estas decisiones reflejan la voluntad del Ejecutivo de adaptar las políticas económicas a la realidad cambiante del escenario internacional, buscando garantizar la estabilidad y proteger a los sectores más vulnerables frente a los efectos del conflicto en Oriente Próximo.