El sector legal español tiene una asignatura pendiente: la brecha de productividad entre los grandes despachos anglosajones y las firmas nacionales sigue siendo abismal. El ranking de facturación por profesional correspondiente al último ejercicio disponible lo deja claro: los nueve primeros clasificados son bufetes internacionales, y solo Uría Menéndez, el decano de los grandes despachos españoles, logra colarse en el top 10 en décima posición.
La métrica utilizada para esta clasificación no es arbitraria. La facturación por profesional mide los ingresos generados por cada persona que contribuye directamente al negocio de la firma: abogados, economistas, asesores fiscales y cualquier otro perfil que genere facturación. El ranking está acotado a despachos con ingresos mínimos de cinco millones de euros, lo que garantiza que las cifras sean comparables entre estructuras de cierta dimensión.
A&O Shearman marca el ritmo
A&O Shearman, la firma resultante de la fusión entre Allen & Overy y Shearman & Sterling completada en 2023, repite como líder indiscutible del ranking. Su facturación por profesional ha pasado de 548.673 euros en 2023 a 634.783 euros en 2024, y ahora supera los 650.000 euros en el último ejercicio registrado. Es una progresión constante que refleja tanto el éxito de la integración de las dos firmas como su capacidad para atraer mandatos de alto valor en España, especialmente en operaciones de M&A, financiación y arbitraje internacional.
Muy cerca aparece Herbert Smith Freehills Kramer, que protagoniza el salto más llamativo del ranking al escalar hasta el segundo puesto con 644.734 euros por profesional. La firma, que también ha vivido su propio proceso de integración tras la incorporación de los socios de Kramer Levin, demuestra que las fusiones estratégicas bien ejecutadas pueden traducirse rápidamente en mejoras de productividad. Por detrás, Linklaters retrocede al tercer lugar con 586.581 euros, aunque mantiene un registro muy sólido que la sitúa por encima del resto del pelotón.
El pelotón internacional y la excepción española
Baker McKenzie, Clifford Chance, Hogan Lovells y Squire Patton Boggs conforman un grupo compacto que se mueve en una horquilla entre los 530.000 y los 550.000 euros de facturación por profesional. Son cifras que, en cualquier sector, se considerarían extraordinarias, pero que en el contexto del mercado legal de élite se perciben como el estándar mínimo para competir en la primera división.
Ashurst cierra el grupo de los nueve internacionales con una cifra similar a la del ejercicio anterior, lo que sugiere una cierta estabilización tras años de crecimiento. Por su parte, Simmons & Simmons y Uría Menéndez superan los 450.000 euros por profesional, una marca que consolida a la firma española como el único despacho nacional capaz de asomarse a este ranking de élite.
La hegemonía anglosajona en este indicador no es casual ni reciente. Responde a una serie de factores estructurales que se han consolidado a lo largo de décadas. En primer lugar, estos despachos operan con una red global que les permite acceder a los mandatos más complejos y mejor remunerados del mercado: grandes operaciones corporativas transfronterizas, litigios internacionales de alto impacto y asesoramiento regulatorio a multinacionales. En segundo lugar, su modelo de negocio está diseñado para maximizar la productividad: estructuras piramidales con una ratio elevada de asociados por socio, especialización sectorial profunda y una capacidad de pricing que les permite cobrar tarifas por hora muy superiores a las de la media del mercado.
¿Pueden los despachos españoles acortar distancias?
Uría Menéndez es la prueba de que sí es posible competir con las firmas internacionales en términos de rentabilidad, aunque la brecha sigue siendo notable. Otros grandes despachos nacionales como Garrigues, Cuatrecasas o Pérez-Llorca han apostado en los últimos años por la internacionalización y la especialización en sectores de alto valor como la energía, la tecnología o las infraestructuras, lo que debería traducirse en mejoras de productividad a medio plazo.
El mercado legal español, según los datos que publica periódicamente el Consejo General de la Abogacía Española, atraviesa un momento de fuerte concentración en la parte alta de la pirámide. Los grandes despachos —tanto internacionales como nacionales— capturan una proporción creciente del negocio total, mientras que los bufetes medianos y pequeños se ven presionados por la competencia en precios y la digitalización creciente de los servicios jurídicos.
En este contexto, el ranking de facturación por profesional funciona como un espejo del modelo de negocio de cada firma. Los despachos anglosajones han construido durante décadas una maquinaria orientada a la máxima rentabilidad por empleado, apoyada en marcas globales reconocidas, acceso privilegiado a clientes corporativos de primer nivel y una cultura interna muy orientada a los resultados. Replicar ese modelo desde España requiere tiempo, inversión y, sobre todo, una apuesta decidida por los segmentos del mercado donde las tarifas pueden sostenerse en niveles competitivos con los estándares internacionales. El reto está sobre la mesa; los datos muestran que, de momento, la ventaja sigue siendo claramente anglosajona.